Hola a todos.
En esta ocasión, con gran placer, me permito invitarlos para que me acompañen, en lo que será la presentación del libro en el que ha estado trabajando Lorenza Gutierrez y que por fin saldrá al publico.
El libro se llama "Entre Muros" y cuenta el testimonio de cuatro mujeres indígenas que salieron de su comunidad a la ciudad de México en busca de un empleo y lo encontraron trabajando en el servicio domestico.
La presentación se llevará a cabo el domingo 21 de marzo a las 12:00 horas en la Asamblea de Migrantes Indígenas, clz. Tlalpan #498, interior 103 Col. viaducto piedad, Delg. Iztacalco. CP 08200.
Dado que la distribución del libro es gratuita se otorgará un ejemplar a los asistentes por lo cual les agradecere mucho que inviten a todos los que puedan y asi nos ayuden a una mayor distribución del libro.
Se anexa invitación electronica.
viernes, 19 de marzo de 2010
Diplomado en Derechos Humanos de AUSJAL y el IIDH
Abierto el período de inscripción para el Diplomado en Derechos Humanos de AUSJAL y el IIDH
San José, Costa Rica, 17 de Marzo de 2010. El IIDH se complace en anunciar que ha sido abierto el período de inscripción al Diplomado en Derechos Humanos en sus tres menciones: Acceso a la justicia; Participación, ciudadanía y derechos humanos; y, Educación en derechos humanos. Este es ofrecido mediante el Programa Interuniversitario de Derechos Humanos, de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), en seis de sus universidades miembros (la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia; Rafael Landívar Campus Quetzaltenango, de Guatemala; Iberoamericana, en la ciudad de México; Dámaso Larrañaga, de Montevideo, Uruguay; la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, Venezuela; y, el Instituto Filosófico Pedro Boñó, de Santo Domingo, República Dominicana).
El Diplomado en Derechos Humanos de AUSJAL está dirigido a la formación de personas profesionales que trabajen en la defensa, promoción, educación e investigación en el área de los derechos humanos, o deseen prepararse para ello. En su realización, se combinan las clases y otras actividades presenciales con la modalidad de educación a distancia; los estudios tienen una duración aproximada de ocho meses. Las personas que aprueben los cursos recibirán un certificado emitido por la casa de estudios donde los realizaron, avalado por AUSJAL y el IIDH.
La fecha límite de inscripción es el 16 de abril. Para ver el documento de convocatoria, pulse aquí
San José, Costa Rica, 17 de Marzo de 2010. El IIDH se complace en anunciar que ha sido abierto el período de inscripción al Diplomado en Derechos Humanos en sus tres menciones: Acceso a la justicia; Participación, ciudadanía y derechos humanos; y, Educación en derechos humanos. Este es ofrecido mediante el Programa Interuniversitario de Derechos Humanos, de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), en seis de sus universidades miembros (la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia; Rafael Landívar Campus Quetzaltenango, de Guatemala; Iberoamericana, en la ciudad de México; Dámaso Larrañaga, de Montevideo, Uruguay; la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, Venezuela; y, el Instituto Filosófico Pedro Boñó, de Santo Domingo, República Dominicana).
El Diplomado en Derechos Humanos de AUSJAL está dirigido a la formación de personas profesionales que trabajen en la defensa, promoción, educación e investigación en el área de los derechos humanos, o deseen prepararse para ello. En su realización, se combinan las clases y otras actividades presenciales con la modalidad de educación a distancia; los estudios tienen una duración aproximada de ocho meses. Las personas que aprueben los cursos recibirán un certificado emitido por la casa de estudios donde los realizaron, avalado por AUSJAL y el IIDH.
La fecha límite de inscripción es el 16 de abril. Para ver el documento de convocatoria, pulse aquí
jueves, 11 de marzo de 2010
PROPUESTA DE PROYECTOS
El PACMYC otorgará apoyo económico para la realización
de cada proyecto, hasta por un monto de $50,000.00.
2. Los proyectos deben estar orientados al fortalecimiento de
la cultura e identidad de la comunidad, municipio, delegación
política o región y deberán contar con la participación y/o apoyo
de sus miembros.
3. Los proyectos deberán ser presentados por portadores de
cultura popular que de forma colectiva estén interesados en
desarrollar un proyecto cultural, cuyos miembros vivan y sean
reconocidos por la comunidad donde se desarrollarán las actividades.
4. Los proyectos que se presenten deberán considerar los
puntos que se señalan en la Guía para la Elaboración de Proyectos
incluida en la convocatoria. La duración de los mismos podrá ser
de un año como máximo, para el ejercicio del apoyo económico.
5. En los casos en donde el proyecto presentado al PACMYC
forme parte de un proyecto más amplio, que esté recibiendo o
haya recibido apoyo financiero de otras instituciones públicas
y/o privadas, se deberá señalar la instancia que otorga los recursos,
especificando para qué se requiere la parte complementaria
del financiamiento solicitado al PACMYC, ya que los beneficiarios
no podrán gozar simultáneamente del apoyo de otros
programas federales o de las entidades federativas y el Distrito
Federal, que consideren la realización de las mismas actividades
autorizadas y financiadas por el PACMYC.
6. Los proyectos deberán presentarse por escrito en original y
una copia.
7. El grupo deberá designar un responsable del proyecto, a
cuyo nombre se entregará el apoyo económico del PACMYC, los
miembros del grupo son corresponsables del desarrollo del proyecto
y del uso de los recursos otorgados.
8. El responsable no podrá ser menor de 18 años cumplidos.
Preferentemente será un miembro que cuente con las condiciones
para poder administrar el apoyo económico y elaborar los
informes de evaluación y financieros. Deberá anexar copia de su
credencial de elector y de la Clave Única de Registro de Población
(CURP).
9. Cada proyecto deberá incorporar una carta de aval, expedida
por alguna autoridad formal o comunitaria, del lugar donde
se desarrollará el proyecto. El aval deberá manifestar en esta la
importancia del proyecto así como la solvencia del grupo y deberá
contener la firma, dirección, teléfono y correo electrónico.
Quienes presenten proyectos no podrán auto avalarse ni avalar
otros que se presenten a concurso.
10. Los proyectos serán revisados y en su caso autorizados en
cada entidad federativa por un jurado dictaminador de especialistas
que nombrará la CACREP y su decisión será inapelable.
11. Para los proyectos que contemplen la compra de maquinaria,
equipo electrónico, de audio y/o video, etc. Se requiere
que sus solicitantes sean grupos legalmente constituidos, con un
mínimo de tres años a la presentación del proyecto.
12. Para los proyectos que contemplen la compra de instrumentos
musicales, deberán anexar: Carta elaborada por el grupo
musical en la que se indique que en caso de desintegración, los
instrumentos serán entregados a la CACREP quien acordará la
nueva asignación de los instrumentos, que permita asegurar la
continuidad de su uso con fines comunitarios.
13. Quienes presenten proyectos con producción de audio, videos
o discos compactos, edición de libros, plaquetas, periódicos,
revistas, carteles o trípticos, adjuntarán al proyecto un programa
de distribución y difusión, así como dos cotizaciones en
las que se indiquen las características del producto y la vigencia.
14. Los proyectos que generen videos, discos compactos, edición
de libros, plaquetas, periódicos, revistas, carteles o trípticos,
entregarán a la CACREP el 10% del primer tiraje.
15. En el caso de los proyectos presentados por grupos legalmente
constituidos, deberán anexar: Fotocopia del documento
que certifique que la Organización se ha dado de alta ante el
Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil en
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 7o. de la “Ley Federal
de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de
la Sociedad Civil” , el cual establece que para recibir apoyos y estímulos,
las organizaciones deberán estar inscritas en el Registro
Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil.
Para mayor información sobre el registro, consulte la página
www.corresponsabilidad.gob.mx
16. El jurado dictaminador podrá reducir hasta el 20% el presupuesto
solicitado en el proyecto, eliminando aquellos gastos
que no estén plenamente justificados, sin que se afecte el cumplimiento
del objetivo del proyecto.
17. No se autorizarán recursos para el pago de honorarios por
elaborar o coordinar el proyecto. Así mismo, no se podrán considerar
remuneraciones a los miembros del grupo solicitante para
la puesta en marcha y desarrollo del proyecto que se presente.
18. Al momento de recibir el apoyo económico, los responsables
de cada proyecto firmarán una carta compromiso de carácter
jurídico que los responsabiliza sobre el adecuado ejercicio
de los recursos para los fines aprobados; el incumplimiento de
dichos recursos conllevará a sanciones legales.
19. No podrán participar en la convocatoria 2010 del
PACMYC:
a. Quienes tengan informes pendientes o insatisfactorios derivados
del apoyo PACMYC de años anteriores, así como de
otras convocatorias de financiamiento cultural promovidas
por instituciones estatales o federales.
b. Quienes hayan recibido dos o más apoyos del PACMYC.
c. No serán beneficiarios del PACMYC los proyectos de instituciones
federales, estatales o municipales o delegacionales.
d. Los proyectos en los que se soliciten recursos para compra
de terrenos o construcción de inmuebles de manera total o
parcial.
e. Los proyectos que se registren simultáneamente en dos entidades
federativas o el Distrito Federal.
f. Los proyectos que incluyan el acondicionamiento de espacios
culturales que no sean de propiedad comunal.
20. La instancia de cultura en la entidad federativa, ejecutora
del Programa, contará con 3 meses posteriores al cierre de la
convocatoria, para publicar los resultados de la dictaminación.
Se deberá informar el resultado de la dictaminación, por escrito,
a todos los responsables de los proyectos.
21. La documentación u objetos soporte que se integren a cada
proyecto será de la absoluta responsabilidad de los solicitantes.
22. En el caso de que de que derivado del cotejo en la entrega
del proyecto, alguno de los documentos establecidos en la
convocatoria no se haya entregado, únicamente contarán con 10
días hábiles posteriores al cierre de la misma para entregarlos
en la oficina en la que se registró el proyecto. No habrá cambio
de proyecto, ni se aceptarán modificaciones al mismo.
23. Como se cuenta con recursos limitados, la no aceptación de
un proyecto no prejuzga la validez e importancia del mismo.
24. Los proyectos no autorizados estarán a disposición del responsable,
en los 30 días hábiles posteriores a la fecha de publicación
de los resultados de la convocatoria 2010, en caso de que
no sean solicitados se destruirán considerando la normatividad
aplicable en cada una de las entidades federativas y el Distrito
Federal.
25. La instancia de cultura estatal en coordinación con la Dirección
General de Culturas Populares del CNCA podrá resolver
cualquier situación no prevista en las presentes bases.
26. El cierre de la convocatoria será el 7 de junio del 2010. El
PACMYC no considerará los proyectos enviados por correo cuyo
sello postal sea posterior a la fecha de cierre de la misma.
CONTRALORÍA SOCIAL EN EL PACMYC
Con el propósito de incorporar a la ciudadanía en el control,
vigilancia y evaluación del PACMYC, el CNCA así como sus
ejecutores, promoverá la participación social fomentando, estableciendo,
desarrollando y/o consolidando acciones tendientes
a informar a la ciudadanía y específicamente a los beneficiarios
del PACMYC, acerca de los apoyos otorgados, que los propios
beneficiarios se constituyan en instancias de contraloría social,
que se planteen espacios de comunicación gobierno-sociedad,
que establezcan programas de capacitación e implementen mecanismos
directos de captación de quejas y denuncias.
¿Qué es la Contraloría Social? *
La Contraloría Social se define como “El conjunto de acciones
de control, vigilancia y evaluación que realizan las personas,
de manera organizada o independiente, en un modelo de derechos
y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir
a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos
se realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad
y honradez, así como para exigir la rendición de cuentas a
sus gobernantes”.
¿Por qué la Contraloría Social contribuye a combatir la corrupción
y a transparentar la gestión pública? *
El combate a la corrupción y la creación de una cultura de la
transparencia y la legalidad son metas irrenunciables para todos
los mexicanos que requieren para su cumplimiento no sólo de la
acción decidida y constante del Estado, sino de la participación
informada, activa y responsable de la ciudadanía en la vigilancia
de la actividad pública.
Rendición de Cuentas *
La Contraloría Social es uno de los mecanismos implicados
en el proceso de “Rendición de Cuentas”. Cuando los ciudadanos
evalúan, juzgan o verifican colectivamente la acción del
gobierno cobra pleno sentido la acción gubernamental de proporcionar
información y responsabilizarse por el uso de los recursos
públicos y las políticas adoptadas.
Para exigir responsabilidad al gobierno también existe el
control formal, tanto la vigilancia de un poder hacia otro como el
control interno realizado a través de auditorías y fiscalizaciones
y por medición de resultados. El control social activa el control
formal al emitir observaciones y presentar quejas o denuncias
que pueden ser retomadas para el diseño de muestras de auditoría,
rediseño de programas y servicios y sancionar a los responsables
del manejo irregular de recursos.
Por tanto, la Contraloría Social es un mecanismo que contribuye
a que la gestión gubernamental se realice en términos de
transparencia, eficacia y honradez.
La Contraloría Social es uno de los mecanismos implicados
en el proceso de “Rendición de Cuentas”. Cuando los ciudadanos
evalúan, juzgan o verifican colectivamente la acción del
gobierno cobra pleno sentido la acción gubernamental de proporcionar
información y responsabilizarse por el uso de los recursos
públicos y las políticas adoptadas.
Para exigir responsabilidad al gobierno también existe el
control formal, tanto la vigilancia de un poder hacia otro como el
control interno realizado a través de auditorías y fiscalizaciones
y por medición de resultados. El control social activa el control
formal al emitir observaciones y presentar quejas o denuncias
que pueden ser retomadas para el diseño de muestras de auditoría,
rediseño de programas y servicios y sancionar a los responsables
del manejo irregular de recursos. Por tanto, la contraloría
social es un mecanismo que contribuye a que la gestión
gubernamental se realice en términos de transparencia, eficacia
y honradez.
* Fuente: Secretaría de la Función Pública / Contraloría Social /
Unidad de Operación Regional y Contraloría Social
¿Quiénes pueden realizar la Contraloría Social?
Por ser un derecho, la Contraloría Social la puede realizar
cualquier portador de cultura popular beneficiario del PACMYC,
es decir todas aquellas personas que de forma colectiva desarrollen
un proyecto cultural apoyado por el programa.
de cada proyecto, hasta por un monto de $50,000.00.
2. Los proyectos deben estar orientados al fortalecimiento de
la cultura e identidad de la comunidad, municipio, delegación
política o región y deberán contar con la participación y/o apoyo
de sus miembros.
3. Los proyectos deberán ser presentados por portadores de
cultura popular que de forma colectiva estén interesados en
desarrollar un proyecto cultural, cuyos miembros vivan y sean
reconocidos por la comunidad donde se desarrollarán las actividades.
4. Los proyectos que se presenten deberán considerar los
puntos que se señalan en la Guía para la Elaboración de Proyectos
incluida en la convocatoria. La duración de los mismos podrá ser
de un año como máximo, para el ejercicio del apoyo económico.
5. En los casos en donde el proyecto presentado al PACMYC
forme parte de un proyecto más amplio, que esté recibiendo o
haya recibido apoyo financiero de otras instituciones públicas
y/o privadas, se deberá señalar la instancia que otorga los recursos,
especificando para qué se requiere la parte complementaria
del financiamiento solicitado al PACMYC, ya que los beneficiarios
no podrán gozar simultáneamente del apoyo de otros
programas federales o de las entidades federativas y el Distrito
Federal, que consideren la realización de las mismas actividades
autorizadas y financiadas por el PACMYC.
6. Los proyectos deberán presentarse por escrito en original y
una copia.
7. El grupo deberá designar un responsable del proyecto, a
cuyo nombre se entregará el apoyo económico del PACMYC, los
miembros del grupo son corresponsables del desarrollo del proyecto
y del uso de los recursos otorgados.
8. El responsable no podrá ser menor de 18 años cumplidos.
Preferentemente será un miembro que cuente con las condiciones
para poder administrar el apoyo económico y elaborar los
informes de evaluación y financieros. Deberá anexar copia de su
credencial de elector y de la Clave Única de Registro de Población
(CURP).
9. Cada proyecto deberá incorporar una carta de aval, expedida
por alguna autoridad formal o comunitaria, del lugar donde
se desarrollará el proyecto. El aval deberá manifestar en esta la
importancia del proyecto así como la solvencia del grupo y deberá
contener la firma, dirección, teléfono y correo electrónico.
Quienes presenten proyectos no podrán auto avalarse ni avalar
otros que se presenten a concurso.
10. Los proyectos serán revisados y en su caso autorizados en
cada entidad federativa por un jurado dictaminador de especialistas
que nombrará la CACREP y su decisión será inapelable.
11. Para los proyectos que contemplen la compra de maquinaria,
equipo electrónico, de audio y/o video, etc. Se requiere
que sus solicitantes sean grupos legalmente constituidos, con un
mínimo de tres años a la presentación del proyecto.
12. Para los proyectos que contemplen la compra de instrumentos
musicales, deberán anexar: Carta elaborada por el grupo
musical en la que se indique que en caso de desintegración, los
instrumentos serán entregados a la CACREP quien acordará la
nueva asignación de los instrumentos, que permita asegurar la
continuidad de su uso con fines comunitarios.
13. Quienes presenten proyectos con producción de audio, videos
o discos compactos, edición de libros, plaquetas, periódicos,
revistas, carteles o trípticos, adjuntarán al proyecto un programa
de distribución y difusión, así como dos cotizaciones en
las que se indiquen las características del producto y la vigencia.
14. Los proyectos que generen videos, discos compactos, edición
de libros, plaquetas, periódicos, revistas, carteles o trípticos,
entregarán a la CACREP el 10% del primer tiraje.
15. En el caso de los proyectos presentados por grupos legalmente
constituidos, deberán anexar: Fotocopia del documento
que certifique que la Organización se ha dado de alta ante el
Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil en
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 7o. de la “Ley Federal
de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de
la Sociedad Civil” , el cual establece que para recibir apoyos y estímulos,
las organizaciones deberán estar inscritas en el Registro
Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil.
Para mayor información sobre el registro, consulte la página
www.corresponsabilidad.gob.mx
16. El jurado dictaminador podrá reducir hasta el 20% el presupuesto
solicitado en el proyecto, eliminando aquellos gastos
que no estén plenamente justificados, sin que se afecte el cumplimiento
del objetivo del proyecto.
17. No se autorizarán recursos para el pago de honorarios por
elaborar o coordinar el proyecto. Así mismo, no se podrán considerar
remuneraciones a los miembros del grupo solicitante para
la puesta en marcha y desarrollo del proyecto que se presente.
18. Al momento de recibir el apoyo económico, los responsables
de cada proyecto firmarán una carta compromiso de carácter
jurídico que los responsabiliza sobre el adecuado ejercicio
de los recursos para los fines aprobados; el incumplimiento de
dichos recursos conllevará a sanciones legales.
19. No podrán participar en la convocatoria 2010 del
PACMYC:
a. Quienes tengan informes pendientes o insatisfactorios derivados
del apoyo PACMYC de años anteriores, así como de
otras convocatorias de financiamiento cultural promovidas
por instituciones estatales o federales.
b. Quienes hayan recibido dos o más apoyos del PACMYC.
c. No serán beneficiarios del PACMYC los proyectos de instituciones
federales, estatales o municipales o delegacionales.
d. Los proyectos en los que se soliciten recursos para compra
de terrenos o construcción de inmuebles de manera total o
parcial.
e. Los proyectos que se registren simultáneamente en dos entidades
federativas o el Distrito Federal.
f. Los proyectos que incluyan el acondicionamiento de espacios
culturales que no sean de propiedad comunal.
20. La instancia de cultura en la entidad federativa, ejecutora
del Programa, contará con 3 meses posteriores al cierre de la
convocatoria, para publicar los resultados de la dictaminación.
Se deberá informar el resultado de la dictaminación, por escrito,
a todos los responsables de los proyectos.
21. La documentación u objetos soporte que se integren a cada
proyecto será de la absoluta responsabilidad de los solicitantes.
22. En el caso de que de que derivado del cotejo en la entrega
del proyecto, alguno de los documentos establecidos en la
convocatoria no se haya entregado, únicamente contarán con 10
días hábiles posteriores al cierre de la misma para entregarlos
en la oficina en la que se registró el proyecto. No habrá cambio
de proyecto, ni se aceptarán modificaciones al mismo.
23. Como se cuenta con recursos limitados, la no aceptación de
un proyecto no prejuzga la validez e importancia del mismo.
24. Los proyectos no autorizados estarán a disposición del responsable,
en los 30 días hábiles posteriores a la fecha de publicación
de los resultados de la convocatoria 2010, en caso de que
no sean solicitados se destruirán considerando la normatividad
aplicable en cada una de las entidades federativas y el Distrito
Federal.
25. La instancia de cultura estatal en coordinación con la Dirección
General de Culturas Populares del CNCA podrá resolver
cualquier situación no prevista en las presentes bases.
26. El cierre de la convocatoria será el 7 de junio del 2010. El
PACMYC no considerará los proyectos enviados por correo cuyo
sello postal sea posterior a la fecha de cierre de la misma.
CONTRALORÍA SOCIAL EN EL PACMYC
Con el propósito de incorporar a la ciudadanía en el control,
vigilancia y evaluación del PACMYC, el CNCA así como sus
ejecutores, promoverá la participación social fomentando, estableciendo,
desarrollando y/o consolidando acciones tendientes
a informar a la ciudadanía y específicamente a los beneficiarios
del PACMYC, acerca de los apoyos otorgados, que los propios
beneficiarios se constituyan en instancias de contraloría social,
que se planteen espacios de comunicación gobierno-sociedad,
que establezcan programas de capacitación e implementen mecanismos
directos de captación de quejas y denuncias.
¿Qué es la Contraloría Social? *
La Contraloría Social se define como “El conjunto de acciones
de control, vigilancia y evaluación que realizan las personas,
de manera organizada o independiente, en un modelo de derechos
y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir
a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos
se realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad
y honradez, así como para exigir la rendición de cuentas a
sus gobernantes”.
¿Por qué la Contraloría Social contribuye a combatir la corrupción
y a transparentar la gestión pública? *
El combate a la corrupción y la creación de una cultura de la
transparencia y la legalidad son metas irrenunciables para todos
los mexicanos que requieren para su cumplimiento no sólo de la
acción decidida y constante del Estado, sino de la participación
informada, activa y responsable de la ciudadanía en la vigilancia
de la actividad pública.
Rendición de Cuentas *
La Contraloría Social es uno de los mecanismos implicados
en el proceso de “Rendición de Cuentas”. Cuando los ciudadanos
evalúan, juzgan o verifican colectivamente la acción del
gobierno cobra pleno sentido la acción gubernamental de proporcionar
información y responsabilizarse por el uso de los recursos
públicos y las políticas adoptadas.
Para exigir responsabilidad al gobierno también existe el
control formal, tanto la vigilancia de un poder hacia otro como el
control interno realizado a través de auditorías y fiscalizaciones
y por medición de resultados. El control social activa el control
formal al emitir observaciones y presentar quejas o denuncias
que pueden ser retomadas para el diseño de muestras de auditoría,
rediseño de programas y servicios y sancionar a los responsables
del manejo irregular de recursos.
Por tanto, la Contraloría Social es un mecanismo que contribuye
a que la gestión gubernamental se realice en términos de
transparencia, eficacia y honradez.
La Contraloría Social es uno de los mecanismos implicados
en el proceso de “Rendición de Cuentas”. Cuando los ciudadanos
evalúan, juzgan o verifican colectivamente la acción del
gobierno cobra pleno sentido la acción gubernamental de proporcionar
información y responsabilizarse por el uso de los recursos
públicos y las políticas adoptadas.
Para exigir responsabilidad al gobierno también existe el
control formal, tanto la vigilancia de un poder hacia otro como el
control interno realizado a través de auditorías y fiscalizaciones
y por medición de resultados. El control social activa el control
formal al emitir observaciones y presentar quejas o denuncias
que pueden ser retomadas para el diseño de muestras de auditoría,
rediseño de programas y servicios y sancionar a los responsables
del manejo irregular de recursos. Por tanto, la contraloría
social es un mecanismo que contribuye a que la gestión
gubernamental se realice en términos de transparencia, eficacia
y honradez.
* Fuente: Secretaría de la Función Pública / Contraloría Social /
Unidad de Operación Regional y Contraloría Social
¿Quiénes pueden realizar la Contraloría Social?
Por ser un derecho, la Contraloría Social la puede realizar
cualquier portador de cultura popular beneficiario del PACMYC,
es decir todas aquellas personas que de forma colectiva desarrollen
un proyecto cultural apoyado por el programa.
PROPUESTA DE PROYECTOS
El PACMYC otorgará apoyo económico para la realización
de cada proyecto, hasta por un monto de $50,000.00.
2. Los proyectos deben estar orientados al fortalecimiento de
la cultura e identidad de la comunidad, municipio, delegación
política o región y deberán contar con la participación y/o apoyo
de sus miembros.
3. Los proyectos deberán ser presentados por portadores de
cultura popular que de forma colectiva estén interesados en
desarrollar un proyecto cultural, cuyos miembros vivan y sean
reconocidos por la comunidad donde se desarrollarán las actividades.
4. Los proyectos que se presenten deberán considerar los
puntos que se señalan en la Guía para la Elaboración de Proyectos
incluida en la convocatoria. La duración de los mismos podrá ser
de un año como máximo, para el ejercicio del apoyo económico.
5. En los casos en donde el proyecto presentado al PACMYC
forme parte de un proyecto más amplio, que esté recibiendo o
haya recibido apoyo financiero de otras instituciones públicas
y/o privadas, se deberá señalar la instancia que otorga los recursos,
especificando para qué se requiere la parte complementaria
del financiamiento solicitado al PACMYC, ya que los beneficiarios
no podrán gozar simultáneamente del apoyo de otros
programas federales o de las entidades federativas y el Distrito
Federal, que consideren la realización de las mismas actividades
autorizadas y financiadas por el PACMYC.
6. Los proyectos deberán presentarse por escrito en original y
una copia.
7. El grupo deberá designar un responsable del proyecto, a
cuyo nombre se entregará el apoyo económico del PACMYC, los
miembros del grupo son corresponsables del desarrollo del proyecto
y del uso de los recursos otorgados.
8. El responsable no podrá ser menor de 18 años cumplidos.
Preferentemente será un miembro que cuente con las condiciones
para poder administrar el apoyo económico y elaborar los
informes de evaluación y financieros. Deberá anexar copia de su
credencial de elector y de la Clave Única de Registro de Población
(CURP).
9. Cada proyecto deberá incorporar una carta de aval, expedida
por alguna autoridad formal o comunitaria, del lugar donde
se desarrollará el proyecto. El aval deberá manifestar en esta la
importancia del proyecto así como la solvencia del grupo y deberá
contener la firma, dirección, teléfono y correo electrónico.
Quienes presenten proyectos no podrán auto avalarse ni avalar
otros que se presenten a concurso.
10. Los proyectos serán revisados y en su caso autorizados en
cada entidad federativa por un jurado dictaminador de especialistas
que nombrará la CACREP y su decisión será inapelable.
11. Para los proyectos que contemplen la compra de maquinaria,
equipo electrónico, de audio y/o video, etc. Se requiere
que sus solicitantes sean grupos legalmente constituidos, con un
mínimo de tres años a la presentación del proyecto.
12. Para los proyectos que contemplen la compra de instrumentos
musicales, deberán anexar: Carta elaborada por el grupo
musical en la que se indique que en caso de desintegración, los
instrumentos serán entregados a la CACREP quien acordará la
nueva asignación de los instrumentos, que permita asegurar la
continuidad de su uso con fines comunitarios.
13. Quienes presenten proyectos con producción de audio, videos
o discos compactos, edición de libros, plaquetas, periódicos,
revistas, carteles o trípticos, adjuntarán al proyecto un programa
de distribución y difusión, así como dos cotizaciones en
las que se indiquen las características del producto y la vigencia.
14. Los proyectos que generen videos, discos compactos, edición
de libros, plaquetas, periódicos, revistas, carteles o trípticos,
entregarán a la CACREP el 10% del primer tiraje.
15. En el caso de los proyectos presentados por grupos legalmente
constituidos, deberán anexar: Fotocopia del documento
que certifique que la Organización se ha dado de alta ante el
Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil en
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 7o. de la “Ley Federal
de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de
la Sociedad Civil” , el cual establece que para recibir apoyos y estímulos,
las organizaciones deberán estar inscritas en el Registro
Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil.
Para mayor información sobre el registro, consulte la página
www.corresponsabilidad.gob.mx
16. El jurado dictaminador podrá reducir hasta el 20% el presupuesto
solicitado en el proyecto, eliminando aquellos gastos
que no estén plenamente justificados, sin que se afecte el cumplimiento
del objetivo del proyecto.
17. No se autorizarán recursos para el pago de honorarios por
elaborar o coordinar el proyecto. Así mismo, no se podrán considerar
remuneraciones a los miembros del grupo solicitante para
la puesta en marcha y desarrollo del proyecto que se presente.
18. Al momento de recibir el apoyo económico, los responsables
de cada proyecto firmarán una carta compromiso de carácter
jurídico que los responsabiliza sobre el adecuado ejercicio
de los recursos para los fines aprobados; el incumplimiento de
dichos recursos conllevará a sanciones legales.
19. No podrán participar en la convocatoria 2010 del
PACMYC:
a. Quienes tengan informes pendientes o insatisfactorios derivados
del apoyo PACMYC de años anteriores, así como de
otras convocatorias de financiamiento cultural promovidas
por instituciones estatales o federales.
b. Quienes hayan recibido dos o más apoyos del PACMYC.
c. No serán beneficiarios del PACMYC los proyectos de instituciones
federales, estatales o municipales o delegacionales.
d. Los proyectos en los que se soliciten recursos para compra
de terrenos o construcción de inmuebles de manera total o
parcial.
e. Los proyectos que se registren simultáneamente en dos entidades
federativas o el Distrito Federal.
f. Los proyectos que incluyan el acondicionamiento de espacios
culturales que no sean de propiedad comunal.
20. La instancia de cultura en la entidad federativa, ejecutora
del Programa, contará con 3 meses posteriores al cierre de la
convocatoria, para publicar los resultados de la dictaminación.
Se deberá informar el resultado de la dictaminación, por escrito,
a todos los responsables de los proyectos.
21. La documentación u objetos soporte que se integren a cada
proyecto será de la absoluta responsabilidad de los solicitantes.
22. En el caso de que de que derivado del cotejo en la entrega
del proyecto, alguno de los documentos establecidos en la
convocatoria no se haya entregado, únicamente contarán con 10
días hábiles posteriores al cierre de la misma para entregarlos
en la oficina en la que se registró el proyecto. No habrá cambio
de proyecto, ni se aceptarán modificaciones al mismo.
23. Como se cuenta con recursos limitados, la no aceptación de
un proyecto no prejuzga la validez e importancia del mismo.
24. Los proyectos no autorizados estarán a disposición del responsable,
en los 30 días hábiles posteriores a la fecha de publicación
de los resultados de la convocatoria 2010, en caso de que
no sean solicitados se destruirán considerando la normatividad
aplicable en cada una de las entidades federativas y el Distrito
Federal.
25. La instancia de cultura estatal en coordinación con la Dirección
General de Culturas Populares del CNCA podrá resolver
cualquier situación no prevista en las presentes bases.
26. El cierre de la convocatoria será el 7 de junio del 2010. El
PACMYC no considerará los proyectos enviados por correo cuyo
sello postal sea posterior a la fecha de cierre de la misma.
CONTRALORÍA SOCIAL EN EL PACMYC
Con el propósito de incorporar a la ciudadanía en el control,
vigilancia y evaluación del PACMYC, el CNCA así como sus
ejecutores, promoverá la participación social fomentando, estableciendo,
desarrollando y/o consolidando acciones tendientes
a informar a la ciudadanía y específicamente a los beneficiarios
del PACMYC, acerca de los apoyos otorgados, que los propios
beneficiarios se constituyan en instancias de contraloría social,
que se planteen espacios de comunicación gobierno-sociedad,
que establezcan programas de capacitación e implementen mecanismos
directos de captación de quejas y denuncias.
¿Qué es la Contraloría Social? *
La Contraloría Social se define como “El conjunto de acciones
de control, vigilancia y evaluación que realizan las personas,
de manera organizada o independiente, en un modelo de derechos
y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir
a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos
se realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad
y honradez, así como para exigir la rendición de cuentas a
sus gobernantes”.
¿Por qué la Contraloría Social contribuye a combatir la corrupción
y a transparentar la gestión pública? *
El combate a la corrupción y la creación de una cultura de la
transparencia y la legalidad son metas irrenunciables para todos
los mexicanos que requieren para su cumplimiento no sólo de la
acción decidida y constante del Estado, sino de la participación
informada, activa y responsable de la ciudadanía en la vigilancia
de la actividad pública.
Rendición de Cuentas *
La Contraloría Social es uno de los mecanismos implicados
en el proceso de “Rendición de Cuentas”. Cuando los ciudadanos
evalúan, juzgan o verifican colectivamente la acción del
gobierno cobra pleno sentido la acción gubernamental de proporcionar
información y responsabilizarse por el uso de los recursos
públicos y las políticas adoptadas.
Para exigir responsabilidad al gobierno también existe el
control formal, tanto la vigilancia de un poder hacia otro como el
control interno realizado a través de auditorías y fiscalizaciones
y por medición de resultados. El control social activa el control
formal al emitir observaciones y presentar quejas o denuncias
que pueden ser retomadas para el diseño de muestras de auditoría,
rediseño de programas y servicios y sancionar a los responsables
del manejo irregular de recursos.
Por tanto, la Contraloría Social es un mecanismo que contribuye
a que la gestión gubernamental se realice en términos de
transparencia, eficacia y honradez.
La Contraloría Social es uno de los mecanismos implicados
en el proceso de “Rendición de Cuentas”. Cuando los ciudadanos
evalúan, juzgan o verifican colectivamente la acción del
gobierno cobra pleno sentido la acción gubernamental de proporcionar
información y responsabilizarse por el uso de los recursos
públicos y las políticas adoptadas.
Para exigir responsabilidad al gobierno también existe el
control formal, tanto la vigilancia de un poder hacia otro como el
control interno realizado a través de auditorías y fiscalizaciones
y por medición de resultados. El control social activa el control
formal al emitir observaciones y presentar quejas o denuncias
que pueden ser retomadas para el diseño de muestras de auditoría,
rediseño de programas y servicios y sancionar a los responsables
del manejo irregular de recursos. Por tanto, la contraloría
social es un mecanismo que contribuye a que la gestión
gubernamental se realice en términos de transparencia, eficacia
y honradez.
* Fuente: Secretaría de la Función Pública / Contraloría Social /
Unidad de Operación Regional y Contraloría Social
¿Quiénes pueden realizar la Contraloría Social?
Por ser un derecho, la Contraloría Social la puede realizar
cualquier portador de cultura popular beneficiario del PACMYC,
es decir todas aquellas personas que de forma colectiva desarrollen
un proyecto cultural apoyado por el programa.
de cada proyecto, hasta por un monto de $50,000.00.
2. Los proyectos deben estar orientados al fortalecimiento de
la cultura e identidad de la comunidad, municipio, delegación
política o región y deberán contar con la participación y/o apoyo
de sus miembros.
3. Los proyectos deberán ser presentados por portadores de
cultura popular que de forma colectiva estén interesados en
desarrollar un proyecto cultural, cuyos miembros vivan y sean
reconocidos por la comunidad donde se desarrollarán las actividades.
4. Los proyectos que se presenten deberán considerar los
puntos que se señalan en la Guía para la Elaboración de Proyectos
incluida en la convocatoria. La duración de los mismos podrá ser
de un año como máximo, para el ejercicio del apoyo económico.
5. En los casos en donde el proyecto presentado al PACMYC
forme parte de un proyecto más amplio, que esté recibiendo o
haya recibido apoyo financiero de otras instituciones públicas
y/o privadas, se deberá señalar la instancia que otorga los recursos,
especificando para qué se requiere la parte complementaria
del financiamiento solicitado al PACMYC, ya que los beneficiarios
no podrán gozar simultáneamente del apoyo de otros
programas federales o de las entidades federativas y el Distrito
Federal, que consideren la realización de las mismas actividades
autorizadas y financiadas por el PACMYC.
6. Los proyectos deberán presentarse por escrito en original y
una copia.
7. El grupo deberá designar un responsable del proyecto, a
cuyo nombre se entregará el apoyo económico del PACMYC, los
miembros del grupo son corresponsables del desarrollo del proyecto
y del uso de los recursos otorgados.
8. El responsable no podrá ser menor de 18 años cumplidos.
Preferentemente será un miembro que cuente con las condiciones
para poder administrar el apoyo económico y elaborar los
informes de evaluación y financieros. Deberá anexar copia de su
credencial de elector y de la Clave Única de Registro de Población
(CURP).
9. Cada proyecto deberá incorporar una carta de aval, expedida
por alguna autoridad formal o comunitaria, del lugar donde
se desarrollará el proyecto. El aval deberá manifestar en esta la
importancia del proyecto así como la solvencia del grupo y deberá
contener la firma, dirección, teléfono y correo electrónico.
Quienes presenten proyectos no podrán auto avalarse ni avalar
otros que se presenten a concurso.
10. Los proyectos serán revisados y en su caso autorizados en
cada entidad federativa por un jurado dictaminador de especialistas
que nombrará la CACREP y su decisión será inapelable.
11. Para los proyectos que contemplen la compra de maquinaria,
equipo electrónico, de audio y/o video, etc. Se requiere
que sus solicitantes sean grupos legalmente constituidos, con un
mínimo de tres años a la presentación del proyecto.
12. Para los proyectos que contemplen la compra de instrumentos
musicales, deberán anexar: Carta elaborada por el grupo
musical en la que se indique que en caso de desintegración, los
instrumentos serán entregados a la CACREP quien acordará la
nueva asignación de los instrumentos, que permita asegurar la
continuidad de su uso con fines comunitarios.
13. Quienes presenten proyectos con producción de audio, videos
o discos compactos, edición de libros, plaquetas, periódicos,
revistas, carteles o trípticos, adjuntarán al proyecto un programa
de distribución y difusión, así como dos cotizaciones en
las que se indiquen las características del producto y la vigencia.
14. Los proyectos que generen videos, discos compactos, edición
de libros, plaquetas, periódicos, revistas, carteles o trípticos,
entregarán a la CACREP el 10% del primer tiraje.
15. En el caso de los proyectos presentados por grupos legalmente
constituidos, deberán anexar: Fotocopia del documento
que certifique que la Organización se ha dado de alta ante el
Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil en
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 7o. de la “Ley Federal
de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de
la Sociedad Civil” , el cual establece que para recibir apoyos y estímulos,
las organizaciones deberán estar inscritas en el Registro
Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil.
Para mayor información sobre el registro, consulte la página
www.corresponsabilidad.gob.mx
16. El jurado dictaminador podrá reducir hasta el 20% el presupuesto
solicitado en el proyecto, eliminando aquellos gastos
que no estén plenamente justificados, sin que se afecte el cumplimiento
del objetivo del proyecto.
17. No se autorizarán recursos para el pago de honorarios por
elaborar o coordinar el proyecto. Así mismo, no se podrán considerar
remuneraciones a los miembros del grupo solicitante para
la puesta en marcha y desarrollo del proyecto que se presente.
18. Al momento de recibir el apoyo económico, los responsables
de cada proyecto firmarán una carta compromiso de carácter
jurídico que los responsabiliza sobre el adecuado ejercicio
de los recursos para los fines aprobados; el incumplimiento de
dichos recursos conllevará a sanciones legales.
19. No podrán participar en la convocatoria 2010 del
PACMYC:
a. Quienes tengan informes pendientes o insatisfactorios derivados
del apoyo PACMYC de años anteriores, así como de
otras convocatorias de financiamiento cultural promovidas
por instituciones estatales o federales.
b. Quienes hayan recibido dos o más apoyos del PACMYC.
c. No serán beneficiarios del PACMYC los proyectos de instituciones
federales, estatales o municipales o delegacionales.
d. Los proyectos en los que se soliciten recursos para compra
de terrenos o construcción de inmuebles de manera total o
parcial.
e. Los proyectos que se registren simultáneamente en dos entidades
federativas o el Distrito Federal.
f. Los proyectos que incluyan el acondicionamiento de espacios
culturales que no sean de propiedad comunal.
20. La instancia de cultura en la entidad federativa, ejecutora
del Programa, contará con 3 meses posteriores al cierre de la
convocatoria, para publicar los resultados de la dictaminación.
Se deberá informar el resultado de la dictaminación, por escrito,
a todos los responsables de los proyectos.
21. La documentación u objetos soporte que se integren a cada
proyecto será de la absoluta responsabilidad de los solicitantes.
22. En el caso de que de que derivado del cotejo en la entrega
del proyecto, alguno de los documentos establecidos en la
convocatoria no se haya entregado, únicamente contarán con 10
días hábiles posteriores al cierre de la misma para entregarlos
en la oficina en la que se registró el proyecto. No habrá cambio
de proyecto, ni se aceptarán modificaciones al mismo.
23. Como se cuenta con recursos limitados, la no aceptación de
un proyecto no prejuzga la validez e importancia del mismo.
24. Los proyectos no autorizados estarán a disposición del responsable,
en los 30 días hábiles posteriores a la fecha de publicación
de los resultados de la convocatoria 2010, en caso de que
no sean solicitados se destruirán considerando la normatividad
aplicable en cada una de las entidades federativas y el Distrito
Federal.
25. La instancia de cultura estatal en coordinación con la Dirección
General de Culturas Populares del CNCA podrá resolver
cualquier situación no prevista en las presentes bases.
26. El cierre de la convocatoria será el 7 de junio del 2010. El
PACMYC no considerará los proyectos enviados por correo cuyo
sello postal sea posterior a la fecha de cierre de la misma.
CONTRALORÍA SOCIAL EN EL PACMYC
Con el propósito de incorporar a la ciudadanía en el control,
vigilancia y evaluación del PACMYC, el CNCA así como sus
ejecutores, promoverá la participación social fomentando, estableciendo,
desarrollando y/o consolidando acciones tendientes
a informar a la ciudadanía y específicamente a los beneficiarios
del PACMYC, acerca de los apoyos otorgados, que los propios
beneficiarios se constituyan en instancias de contraloría social,
que se planteen espacios de comunicación gobierno-sociedad,
que establezcan programas de capacitación e implementen mecanismos
directos de captación de quejas y denuncias.
¿Qué es la Contraloría Social? *
La Contraloría Social se define como “El conjunto de acciones
de control, vigilancia y evaluación que realizan las personas,
de manera organizada o independiente, en un modelo de derechos
y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir
a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos
se realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad
y honradez, así como para exigir la rendición de cuentas a
sus gobernantes”.
¿Por qué la Contraloría Social contribuye a combatir la corrupción
y a transparentar la gestión pública? *
El combate a la corrupción y la creación de una cultura de la
transparencia y la legalidad son metas irrenunciables para todos
los mexicanos que requieren para su cumplimiento no sólo de la
acción decidida y constante del Estado, sino de la participación
informada, activa y responsable de la ciudadanía en la vigilancia
de la actividad pública.
Rendición de Cuentas *
La Contraloría Social es uno de los mecanismos implicados
en el proceso de “Rendición de Cuentas”. Cuando los ciudadanos
evalúan, juzgan o verifican colectivamente la acción del
gobierno cobra pleno sentido la acción gubernamental de proporcionar
información y responsabilizarse por el uso de los recursos
públicos y las políticas adoptadas.
Para exigir responsabilidad al gobierno también existe el
control formal, tanto la vigilancia de un poder hacia otro como el
control interno realizado a través de auditorías y fiscalizaciones
y por medición de resultados. El control social activa el control
formal al emitir observaciones y presentar quejas o denuncias
que pueden ser retomadas para el diseño de muestras de auditoría,
rediseño de programas y servicios y sancionar a los responsables
del manejo irregular de recursos.
Por tanto, la Contraloría Social es un mecanismo que contribuye
a que la gestión gubernamental se realice en términos de
transparencia, eficacia y honradez.
La Contraloría Social es uno de los mecanismos implicados
en el proceso de “Rendición de Cuentas”. Cuando los ciudadanos
evalúan, juzgan o verifican colectivamente la acción del
gobierno cobra pleno sentido la acción gubernamental de proporcionar
información y responsabilizarse por el uso de los recursos
públicos y las políticas adoptadas.
Para exigir responsabilidad al gobierno también existe el
control formal, tanto la vigilancia de un poder hacia otro como el
control interno realizado a través de auditorías y fiscalizaciones
y por medición de resultados. El control social activa el control
formal al emitir observaciones y presentar quejas o denuncias
que pueden ser retomadas para el diseño de muestras de auditoría,
rediseño de programas y servicios y sancionar a los responsables
del manejo irregular de recursos. Por tanto, la contraloría
social es un mecanismo que contribuye a que la gestión
gubernamental se realice en términos de transparencia, eficacia
y honradez.
* Fuente: Secretaría de la Función Pública / Contraloría Social /
Unidad de Operación Regional y Contraloría Social
¿Quiénes pueden realizar la Contraloría Social?
Por ser un derecho, la Contraloría Social la puede realizar
cualquier portador de cultura popular beneficiario del PACMYC,
es decir todas aquellas personas que de forma colectiva desarrollen
un proyecto cultural apoyado por el programa.
martes, 26 de enero de 2010
Triquis, bajo amenaza de desalojo
Sesenta familias triquis asentadas en el Estado de México son amenazadas por inmobiliarias que les disputan sus tierras, a las que llegaron en busca de refugio hace más de una década. Las constructoras utilizan maquinarias y grupos de choque para limpiar terrenos que no son suyos
Le dieron cinco minutos para recoger todas sus pertenencias y salir de su casa. Apenas pudo sacar a sus cuatro hijos y ponerlos en resguardo. Dentro de la cabaña de madera con piso de tierra que habitaban Felícitas Santiago y su familia se quedó todo: dos camas, una parrilla, una pequeña mesa de madera, mochilas, ropa de vestir y los uniformes escolares de sus hijos.
El 26 de noviembre de 2008, un grupo de hombres vestidos de civil llegó con máquinas demoledoras para destruir las chozas de 60 familias triquis, asentadas desde hace 12 años en una parte del predio Paraje de Lago de Guadalupe –ubicado en el municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México–. Los sujetos amedrentaron a mujeres y niños. Era el medio día de un miércoles, y la mayoría de los hombres había salido a su jornada de trabajo.
Codiciado por un grupo inmobiliario que pretende ampliar la construcción de casas de interés social, el terreno había sido el refugio de los emigrantes de la comunidad triqui alta–municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca–, que llegaron a la región mexiquense con la esperanza de superar las paupérrimas condiciones de vida que padecían, y aún padecen.
Después del desalojo, las familias se dispersaron. Algunas tuvieron oportunidad de rentar un cuarto, otras se quedaron en las calles resistiendo el frío invernal de aquel año. Todo dependía de sus ingresos. Dos meses después pudieron reubicarse en otro extremo del paraje, donde no pagan renta y tienen la promesa de obtener algunas hectáreas de tierra, una vez concluido el proceso judicial entre los dueños del predio y la constructora Casas Beta del Centro (ahora propiedad de la Desarrolladora de Vivienda Homex).
A cambio, los triquis permanecen vigilantes de que no se intente otro despojo de tierras o que organizaciones como la de Antorcha Campesina –de filiación priista– invadan el predio, como se ha venido amenazando en los últimos días.
El estudio Triquis, pueblos indígenas del México contemporáneo, editado por la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), indica: “Pese a que es un grupo étnico pequeño, pues apenas supera los 25 mil habitantes, la problemática sociopolítica por la que ha atravesado a lo largo de su historia lo ha colocado en la atención de la opinión pública nacional e internacional desde hace varias décadas”.
El documento añade que “los conflictos sociales y políticos, la violencia y la persistente lucha por la defensa de su territorio son los aspectos más sobresalientes que dieron visibilidad a la presencia triqui en el marco de la diversidad cultural del país”.
La pobreza a cuestas
Mientras recuerda el momento en que perdió todo lo que había podido adquirir en más de 10 años, Felícitas extiende su mano y da un taco de arroz a su pequeña de cinco años. La mujer no tiene más que ofrecer a su familia. “Mañana, dios dirá”, dice. Su esposo Pablo Antonio Merino se quedó sin el trabajo que tenía como auxiliar de albañil apenas el viernes pasado, y su hija mayor fue despedida hace unos meses de la guardería donde se empleaba.
Felícitas es una de los 1 mil 722 indígenas triquis que emigraron a la región mexiquense, indican las cifras del más reciente Censo Nacional de Población, elaborado en 2000 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Nació en el pueblo de San Andrés Chicahuaxtla. Ahí dejó su casa y su parcela, de la que ya no podía echar mano porque carecía de recursos para la compra de fertilizante y semilla. También dejó a sus padres y hermanos, a quienes llega a ver una vez al año. “Allá casi no hay trabajo y uno quiere superarse, por eso salimos del pueblo, pero ahora vemos que estamos igual”, dice.
Cuando llegaron al Estado de México, su esposo Pablo Antonio Merino y otras 10 personas firmaron un contrato de comodato (del que Contralínea posee copia) con los dueños del lugar. En el documento, sellado por el juez décimo primero de distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, se especifica que los integrantes de la comunidad “reciben gratuitamente el uso del terreno rústico, obligándose a usarlo única y exclusivamente para cultivo, crianza de animales y vivienda, sin que puedan darlo en arrendamiento, prenda o conceder el uso de terceros”.
Así habían vivido por más de una década, pero la urbanización los alcanzó. A inicios de 2000, los triquis se vieron rodeados por fraccionamientos que contaban con agua potable, pavimentación, luz eléctrica, pensaron que algún beneficio llegaría para ellos, pero ocurrió todo lo contrario: el progreso de aquellas colonias se convirtió en una amenaza.
El estudio de la CDI indica que “las necesidades económicas, la violencia social y los conflictos políticos, sobre todo en la parte baja (de la zona triqui), han motivado la residencia temporal o permanente de los triquis en la capital del estado y en otras entidades de la república mexicana”.
De de todo Oaxaca –dice el estudio elaborado por Pedro Lewin Fischer, profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y Fausto Sandoval Cruz, profesor de educación indígena, originario de San Andrés Chicahuaxtla, municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca–, los triquis “son el tercer grupo porcentual con presencia en diversos estados del país, especialmente en la zona norte (Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur), en el Estado de México y el Distrito Federal”.
El destino migratorio y la actividad laboral de los triquis varía de acuerdo con su origen en Oaxaca: los emigrantes de Copala se desempeñan en el norte del país en actividades agrícolas, mientras que los de Chicahuaxtla radican en el Distrito Federal y en el Estado de México como miembros del Ejército o en la policía bancaria, explica el estudio.
La brecha económica
Contrario al modelo de vivienda que tienen a sólo unos metros de distancia –estructuras de dos niveles en pleno funcionamiento, construidas de concreto, con pisos aplanados, herrería en ventanas y puertas, muebles de baño y una fachada arquitectónica que simula confort y modernidad–, los triquis carecen de todo servicio.
Cada tercer día, una pipa de agua atraviesa las mallas de protección que bordea el predio. Dota por 13 o 15 pesos, depende de la compañía que les surta, cada uno de los tambos viejos y oxidados que se enfilan a las afueras de sus casas. Los recipientes permanecen cercanos a las letrinas, expuestos al sol, tierra e insectos. De esa misma agua, beben, lavan trastes, se bañan.
También carecen de luz eléctrica y de drenaje. A veces, recurren a los llamados “diablitos” para poder “colgarse” de los postes de electricidad, que abastecen de energía a los fraccionamientos vecinos. Pero cuando los servidores de la Compañía de Luz se dan cuenta, arrancan y destrozan los metros de cable que llevan luz al predio.
La falta drenaje y el espacio terroso en el que viven han provocado enfermedades epidérmicas y estomacales. Los niños son los más vulnerables: “Les salen granitos por todo el cuerpo. Los llevamos al centro de salud y les mandan pomaditas que nada más se los quita un rato. Pero si se las dejamos de poner, les vuelven a salir”, dice una de las mujeres triquis que, ataviada con su huipil de colores, carga a su pequeño hijo.
Mientras, otros niños corren entre los matorrales, comen las plantas y flores que encuentran a su paso, ríen, se divierten entre la maleza. María, una pequeña de unos cuatro años de edad, arranca una flor de pétalos rosas y tallo delgado. Alza la mirada y pregunta a su madre si la puede comer. La mujer susurra en su lengua y de inmediato la niña se sacude de la mano la planta que a la vista se figura inocente.
Parece que es venenosa, dice Daniel Hernández, uno de los triquis que se alistó en el Ejército hace 24 años y que ahora vive en el lugar. También hay que estar al pendiente de otros animales ponzoñosos como los alacranes, arañas y víboras que hay en el predio, advierte. El hombre entró como soldado con la idea de que en la milicia tendría oportunidad de seguir con sus estudios en preparatoria, mismos que no tuvo oportunidad de concluir.
En alimentación, la dieta de los triquis no ha cambiado del todo con la migración: el frijol, la tortilla y los quelites son su principal alimento, como lo era en su pueblo. Huevo, leche y carne apenas una o dos veces por semana. Carecen de todo apoyo gubernamental, pese a que han acudido a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Del campo a la milicia
Margarito González llegó hace 25 años al municipio de Naucalpan. Como Daniel, formó parte de las filas castrenses de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Tenía 17 años, y a esa edad, su doctrina fue “amar a la patria, defenderla ante todo y todos, eso significaba pertenecer al Ejército, ser un buen soldado”. Eso le decían en el Campo Militar Número 1 donde vivía y lo entrenaban.
A su ingreso le ofrecieron salario, comida y techo. Así se mantuvo por seis años, hasta que ya no pudo resistir y dejó el servicio militar: ya no veía a su familia, no sabía de ella, los trabajos eran arduos y sin descanso, el pago no alcanzaba para vivir mejor, y “a veces me encuartelaban por ocho, 15 días y hasta un mes; yo era joven y quería mi libertad; por eso deserté”.
Margarito fue militar como su padre. Siguió la tradición porque no había mayores opciones, el campo ya estaba en el abandono. Además, “también me metí porque nada más terminé la secundaria y no había dinero para seguir estudiando. Lo mismo hacen varios de mi comunidad, vemos al Ejército como una oportunidad de empleo”.
Ahora tiene 42 años, vive con su esposa –que durante la mañana ofrece sus servicios como trabajadora doméstica en las colonias aledañas– y sus cinco hijos. La familia ocupa unos tres metros cuadrados del Paraje del Lago de Guadalupe. Después de desertar de las tropas de la Sedena, ingresó como policía a una empresa privada de seguridad que le ofrece un salario de 5 mil pesos mensuales sin prestaciones sociales, excepto el seguro médico que pagan de forma particular.
Margarito lleva 15 años prestando sus servicios a la compañía y sabe que nunca obtendrá un crédito hipotecario para hacerse de una vivienda como las que tiene frente a su choza de madera. No cuenta con la prestación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por eso se empeña en defender el predio, quizá algún día tenga un terreno y un techo seguro que ofrecer a sus hijos.
Una triqui mexiquense
Adriana Betancio tiene cuatro años viviendo en el terruño y enfrenta los mismos problemas de desalojo que los triquis. También cuida del predio en busca de obtener una porción para poder edificar su hogar.
Tiene 37 años y un mal que la acaba poco a poco. Padece lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmunitaria, es decir que no protege a su cuerpo de sustancias dañinas. En las mismas condiciones de pobreza que sus compañeros triquis, vive con su esposo de 53 años de edad y sus hijos de 18 y 11 años.
Su marido es barrendero y todos los días sale a las cuatro de la madrugada a limpiar las calles del municipio. Sus ingresos apenas les alcanzan para susbsistir y a veces para comprar los medicamentos y pagar la consulta de Adriana en el Hospital General de México.
“Vivimos de la pura barrida. Mi esposo gana entre 80 y 150 pesos diarios, pero no nos alcanza”. Por eso, Adriana aprendió de los triquis a sembrar la tierra. Ahora obtiene de ella frijol, maíz, espinaca, calabacita. En el Paraje del Lago de Guadalupe se hizo campesina. “Mientras, mi esposo se metió a estudiar, a una escuela de oficios, plomería, a ver si así podemos ganar otro poquito. Hay que pagar entre 500 y 800 pesos en medicamentos cada que voy al doctor, y no nos alcanza”, relata.
La mujer dejó de trabajar como “checadora” de las salidas de los microbuses en el paradero del metro Toreo a causa de su enfermedad. Apenas el año pasado tuvo una crisis y quedó paralizada por más de un mes, sus extremidades se inflamaron tanto que no podía moverse, tampoco podía hablar, sus riñones no funcionaban. Sus vecinos fueron quienes se hicieron cargo de ella la mayor parte del tiempo, mientras su marido salía a trabajar y sus hijos a la escuela. Eso los hace compañeros de lucha.
Los juicios
Pedro Suárez Treviño, integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas (CAZ), asegura que las escrituras correspondientes al Paraje de Lago de Guadalupe acreditan la posesión de tierras de Arcadio Martínez Olivera, Adrián Ortiz Barrios, Raúl de los Santos Cruz, Fernando López Hernández, Raymundo Hernández Jiménez, Efraín Vallejo Reyez y Felipe Miranda Medrano.
Suárez Treviño explica que Arcadio, originario de Oaxaca, fue quien ofreció a los triquis un espacio para vivir y cosechar. Pese a ello, desde 2004 se han llevado a cabo los desalojos, indica. Ante esta situación ya hay una demanda en contra de Casas Beta, Desarrolladora Homex y María Ángela Mequel, quienes presuntamente los despojaron de 138 hectáreas aproximadamente.
Derivado de eso se iniciaron dos juicios civiles en el Juzgado Décimo Tercero en el distrito de Tlalnepantla, con los expedientes 173/006 y el 600/2004, en los que se exige la posesión. Ambos continúan en proceso.
El abogado del CAZ dice que una vez concluido el juicio, los dueños del predio están comprometidos con los triquis a entregar ocho hectáreas del terreno, en las que los miembros de la comunidad emigrante podrían edificar sus casas y, ahora sí, tener un espacio en donde vivir sin temor a ser desalojados nuevamente.
Lo que están viviendo los indígenas en este movimiento “es reflejo de la falta de empleo, oportunidades, escuelas y salud en sus comunidades de origen. Se ven obligados a salir, pero llegan aquí y son maltratados por las propias autoridades que no respetan su contrato de comodato con los dueños del predio.
Se solicitó entrevista con Javier Romero Castañeda, director jurídico del corporativo de la Desarrolladora Homex, sin que al cierre de la edición se haya obtenido respuesta.
Le dieron cinco minutos para recoger todas sus pertenencias y salir de su casa. Apenas pudo sacar a sus cuatro hijos y ponerlos en resguardo. Dentro de la cabaña de madera con piso de tierra que habitaban Felícitas Santiago y su familia se quedó todo: dos camas, una parrilla, una pequeña mesa de madera, mochilas, ropa de vestir y los uniformes escolares de sus hijos.
El 26 de noviembre de 2008, un grupo de hombres vestidos de civil llegó con máquinas demoledoras para destruir las chozas de 60 familias triquis, asentadas desde hace 12 años en una parte del predio Paraje de Lago de Guadalupe –ubicado en el municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México–. Los sujetos amedrentaron a mujeres y niños. Era el medio día de un miércoles, y la mayoría de los hombres había salido a su jornada de trabajo.
Codiciado por un grupo inmobiliario que pretende ampliar la construcción de casas de interés social, el terreno había sido el refugio de los emigrantes de la comunidad triqui alta–municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca–, que llegaron a la región mexiquense con la esperanza de superar las paupérrimas condiciones de vida que padecían, y aún padecen.
Después del desalojo, las familias se dispersaron. Algunas tuvieron oportunidad de rentar un cuarto, otras se quedaron en las calles resistiendo el frío invernal de aquel año. Todo dependía de sus ingresos. Dos meses después pudieron reubicarse en otro extremo del paraje, donde no pagan renta y tienen la promesa de obtener algunas hectáreas de tierra, una vez concluido el proceso judicial entre los dueños del predio y la constructora Casas Beta del Centro (ahora propiedad de la Desarrolladora de Vivienda Homex).
A cambio, los triquis permanecen vigilantes de que no se intente otro despojo de tierras o que organizaciones como la de Antorcha Campesina –de filiación priista– invadan el predio, como se ha venido amenazando en los últimos días.
El estudio Triquis, pueblos indígenas del México contemporáneo, editado por la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), indica: “Pese a que es un grupo étnico pequeño, pues apenas supera los 25 mil habitantes, la problemática sociopolítica por la que ha atravesado a lo largo de su historia lo ha colocado en la atención de la opinión pública nacional e internacional desde hace varias décadas”.
El documento añade que “los conflictos sociales y políticos, la violencia y la persistente lucha por la defensa de su territorio son los aspectos más sobresalientes que dieron visibilidad a la presencia triqui en el marco de la diversidad cultural del país”.
La pobreza a cuestas
Mientras recuerda el momento en que perdió todo lo que había podido adquirir en más de 10 años, Felícitas extiende su mano y da un taco de arroz a su pequeña de cinco años. La mujer no tiene más que ofrecer a su familia. “Mañana, dios dirá”, dice. Su esposo Pablo Antonio Merino se quedó sin el trabajo que tenía como auxiliar de albañil apenas el viernes pasado, y su hija mayor fue despedida hace unos meses de la guardería donde se empleaba.
Felícitas es una de los 1 mil 722 indígenas triquis que emigraron a la región mexiquense, indican las cifras del más reciente Censo Nacional de Población, elaborado en 2000 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Nació en el pueblo de San Andrés Chicahuaxtla. Ahí dejó su casa y su parcela, de la que ya no podía echar mano porque carecía de recursos para la compra de fertilizante y semilla. También dejó a sus padres y hermanos, a quienes llega a ver una vez al año. “Allá casi no hay trabajo y uno quiere superarse, por eso salimos del pueblo, pero ahora vemos que estamos igual”, dice.
Cuando llegaron al Estado de México, su esposo Pablo Antonio Merino y otras 10 personas firmaron un contrato de comodato (del que Contralínea posee copia) con los dueños del lugar. En el documento, sellado por el juez décimo primero de distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, se especifica que los integrantes de la comunidad “reciben gratuitamente el uso del terreno rústico, obligándose a usarlo única y exclusivamente para cultivo, crianza de animales y vivienda, sin que puedan darlo en arrendamiento, prenda o conceder el uso de terceros”.
Así habían vivido por más de una década, pero la urbanización los alcanzó. A inicios de 2000, los triquis se vieron rodeados por fraccionamientos que contaban con agua potable, pavimentación, luz eléctrica, pensaron que algún beneficio llegaría para ellos, pero ocurrió todo lo contrario: el progreso de aquellas colonias se convirtió en una amenaza.
El estudio de la CDI indica que “las necesidades económicas, la violencia social y los conflictos políticos, sobre todo en la parte baja (de la zona triqui), han motivado la residencia temporal o permanente de los triquis en la capital del estado y en otras entidades de la república mexicana”.
De de todo Oaxaca –dice el estudio elaborado por Pedro Lewin Fischer, profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y Fausto Sandoval Cruz, profesor de educación indígena, originario de San Andrés Chicahuaxtla, municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca–, los triquis “son el tercer grupo porcentual con presencia en diversos estados del país, especialmente en la zona norte (Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur), en el Estado de México y el Distrito Federal”.
El destino migratorio y la actividad laboral de los triquis varía de acuerdo con su origen en Oaxaca: los emigrantes de Copala se desempeñan en el norte del país en actividades agrícolas, mientras que los de Chicahuaxtla radican en el Distrito Federal y en el Estado de México como miembros del Ejército o en la policía bancaria, explica el estudio.
La brecha económica
Contrario al modelo de vivienda que tienen a sólo unos metros de distancia –estructuras de dos niveles en pleno funcionamiento, construidas de concreto, con pisos aplanados, herrería en ventanas y puertas, muebles de baño y una fachada arquitectónica que simula confort y modernidad–, los triquis carecen de todo servicio.
Cada tercer día, una pipa de agua atraviesa las mallas de protección que bordea el predio. Dota por 13 o 15 pesos, depende de la compañía que les surta, cada uno de los tambos viejos y oxidados que se enfilan a las afueras de sus casas. Los recipientes permanecen cercanos a las letrinas, expuestos al sol, tierra e insectos. De esa misma agua, beben, lavan trastes, se bañan.
También carecen de luz eléctrica y de drenaje. A veces, recurren a los llamados “diablitos” para poder “colgarse” de los postes de electricidad, que abastecen de energía a los fraccionamientos vecinos. Pero cuando los servidores de la Compañía de Luz se dan cuenta, arrancan y destrozan los metros de cable que llevan luz al predio.
La falta drenaje y el espacio terroso en el que viven han provocado enfermedades epidérmicas y estomacales. Los niños son los más vulnerables: “Les salen granitos por todo el cuerpo. Los llevamos al centro de salud y les mandan pomaditas que nada más se los quita un rato. Pero si se las dejamos de poner, les vuelven a salir”, dice una de las mujeres triquis que, ataviada con su huipil de colores, carga a su pequeño hijo.
Mientras, otros niños corren entre los matorrales, comen las plantas y flores que encuentran a su paso, ríen, se divierten entre la maleza. María, una pequeña de unos cuatro años de edad, arranca una flor de pétalos rosas y tallo delgado. Alza la mirada y pregunta a su madre si la puede comer. La mujer susurra en su lengua y de inmediato la niña se sacude de la mano la planta que a la vista se figura inocente.
Parece que es venenosa, dice Daniel Hernández, uno de los triquis que se alistó en el Ejército hace 24 años y que ahora vive en el lugar. También hay que estar al pendiente de otros animales ponzoñosos como los alacranes, arañas y víboras que hay en el predio, advierte. El hombre entró como soldado con la idea de que en la milicia tendría oportunidad de seguir con sus estudios en preparatoria, mismos que no tuvo oportunidad de concluir.
En alimentación, la dieta de los triquis no ha cambiado del todo con la migración: el frijol, la tortilla y los quelites son su principal alimento, como lo era en su pueblo. Huevo, leche y carne apenas una o dos veces por semana. Carecen de todo apoyo gubernamental, pese a que han acudido a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Del campo a la milicia
Margarito González llegó hace 25 años al municipio de Naucalpan. Como Daniel, formó parte de las filas castrenses de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Tenía 17 años, y a esa edad, su doctrina fue “amar a la patria, defenderla ante todo y todos, eso significaba pertenecer al Ejército, ser un buen soldado”. Eso le decían en el Campo Militar Número 1 donde vivía y lo entrenaban.
A su ingreso le ofrecieron salario, comida y techo. Así se mantuvo por seis años, hasta que ya no pudo resistir y dejó el servicio militar: ya no veía a su familia, no sabía de ella, los trabajos eran arduos y sin descanso, el pago no alcanzaba para vivir mejor, y “a veces me encuartelaban por ocho, 15 días y hasta un mes; yo era joven y quería mi libertad; por eso deserté”.
Margarito fue militar como su padre. Siguió la tradición porque no había mayores opciones, el campo ya estaba en el abandono. Además, “también me metí porque nada más terminé la secundaria y no había dinero para seguir estudiando. Lo mismo hacen varios de mi comunidad, vemos al Ejército como una oportunidad de empleo”.
Ahora tiene 42 años, vive con su esposa –que durante la mañana ofrece sus servicios como trabajadora doméstica en las colonias aledañas– y sus cinco hijos. La familia ocupa unos tres metros cuadrados del Paraje del Lago de Guadalupe. Después de desertar de las tropas de la Sedena, ingresó como policía a una empresa privada de seguridad que le ofrece un salario de 5 mil pesos mensuales sin prestaciones sociales, excepto el seguro médico que pagan de forma particular.
Margarito lleva 15 años prestando sus servicios a la compañía y sabe que nunca obtendrá un crédito hipotecario para hacerse de una vivienda como las que tiene frente a su choza de madera. No cuenta con la prestación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por eso se empeña en defender el predio, quizá algún día tenga un terreno y un techo seguro que ofrecer a sus hijos.
Una triqui mexiquense
Adriana Betancio tiene cuatro años viviendo en el terruño y enfrenta los mismos problemas de desalojo que los triquis. También cuida del predio en busca de obtener una porción para poder edificar su hogar.
Tiene 37 años y un mal que la acaba poco a poco. Padece lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmunitaria, es decir que no protege a su cuerpo de sustancias dañinas. En las mismas condiciones de pobreza que sus compañeros triquis, vive con su esposo de 53 años de edad y sus hijos de 18 y 11 años.
Su marido es barrendero y todos los días sale a las cuatro de la madrugada a limpiar las calles del municipio. Sus ingresos apenas les alcanzan para susbsistir y a veces para comprar los medicamentos y pagar la consulta de Adriana en el Hospital General de México.
“Vivimos de la pura barrida. Mi esposo gana entre 80 y 150 pesos diarios, pero no nos alcanza”. Por eso, Adriana aprendió de los triquis a sembrar la tierra. Ahora obtiene de ella frijol, maíz, espinaca, calabacita. En el Paraje del Lago de Guadalupe se hizo campesina. “Mientras, mi esposo se metió a estudiar, a una escuela de oficios, plomería, a ver si así podemos ganar otro poquito. Hay que pagar entre 500 y 800 pesos en medicamentos cada que voy al doctor, y no nos alcanza”, relata.
La mujer dejó de trabajar como “checadora” de las salidas de los microbuses en el paradero del metro Toreo a causa de su enfermedad. Apenas el año pasado tuvo una crisis y quedó paralizada por más de un mes, sus extremidades se inflamaron tanto que no podía moverse, tampoco podía hablar, sus riñones no funcionaban. Sus vecinos fueron quienes se hicieron cargo de ella la mayor parte del tiempo, mientras su marido salía a trabajar y sus hijos a la escuela. Eso los hace compañeros de lucha.
Los juicios
Pedro Suárez Treviño, integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas (CAZ), asegura que las escrituras correspondientes al Paraje de Lago de Guadalupe acreditan la posesión de tierras de Arcadio Martínez Olivera, Adrián Ortiz Barrios, Raúl de los Santos Cruz, Fernando López Hernández, Raymundo Hernández Jiménez, Efraín Vallejo Reyez y Felipe Miranda Medrano.
Suárez Treviño explica que Arcadio, originario de Oaxaca, fue quien ofreció a los triquis un espacio para vivir y cosechar. Pese a ello, desde 2004 se han llevado a cabo los desalojos, indica. Ante esta situación ya hay una demanda en contra de Casas Beta, Desarrolladora Homex y María Ángela Mequel, quienes presuntamente los despojaron de 138 hectáreas aproximadamente.
Derivado de eso se iniciaron dos juicios civiles en el Juzgado Décimo Tercero en el distrito de Tlalnepantla, con los expedientes 173/006 y el 600/2004, en los que se exige la posesión. Ambos continúan en proceso.
El abogado del CAZ dice que una vez concluido el juicio, los dueños del predio están comprometidos con los triquis a entregar ocho hectáreas del terreno, en las que los miembros de la comunidad emigrante podrían edificar sus casas y, ahora sí, tener un espacio en donde vivir sin temor a ser desalojados nuevamente.
Lo que están viviendo los indígenas en este movimiento “es reflejo de la falta de empleo, oportunidades, escuelas y salud en sus comunidades de origen. Se ven obligados a salir, pero llegan aquí y son maltratados por las propias autoridades que no respetan su contrato de comodato con los dueños del predio.
Se solicitó entrevista con Javier Romero Castañeda, director jurídico del corporativo de la Desarrolladora Homex, sin que al cierre de la edición se haya obtenido respuesta.
Permanent Forum: call for candidates/Forum Permanent
Call for nominations for Members of the Permanent Forum 2011-2013
The current membership of the Permanent Forum is due to expire at the end of 2010. Nominations are now requested for the three-year period from January 2011 until December 2013. Current members who have served the maximum of two terms (6 years) as Permanent Forums members cannot be nominated for a further term.
It has been the understanding of the indigenous caucus that the eight (8) indigenous nominated members should be from the seven socio-cultural regions determined to give broad representation to the world’s indigenous peoples. The regions are: Africa; Asia; Central and South America and the Caribbean; the Arctic; Eastern Europe, Russian Federation, Central Asia and Transcaucasia; North America; and the Pacific.
It was also the understanding that the 8th member would be nominated from one of the three largest indigenous populated regions (Latin America, Asia and Africa) which would be rotated every three years. Latin America will have an extra member for the next term (2011 – 2013).
It is encouraged that consultations amongst indigenous organizations commence as soon as possible to ensure that the President of the Economic and Social Council has suitable candidates for consideration and appointment.
In considering possible candidates account shoud be taken of the principles of geographic distribution, and gender balance. Furthermore and in order for nominations to be complete, it is important to provide recent curriculum vitae of the nominees for consideration by the President of the Economic and Social Council. Information about the nominating organization(s) should also be submitted.
All correspondence should be sent to the Secretariat of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, Department of Economic and Social Affairs (DESA), Room DC2-1454, New York, NY 10017, United States of America OR email to: indigenous_un@un.org
The deadline for submission of nominations is 1 February 2010
Letter from the Director of the Division for Social Policy and Development to Indigenous Organizations, calling for nominations of Permanent Forum Members
[ES] [EN] [FR] [RU]
Nominations
As of 18 January 2010, the Secretariat has received the following nominations.
From Member States
African States
Valentin Mavoungou CONGO BRAZZAVILLE
Asian States
Paimaneh Hasteh IRAN
Eastern European States
Andrei Nikiforov RUSSIAN FEDERATION
Latin American and Caribbean States
Mirian Masaquiza ECUADOR
Adolfo Chávez Bayuma BOLIVIA
Gabriel Muyuy Jacanamejoy COLOMBIA
Álvaro Esteban Pop GUATEMALA
Western European and other States
Bartolomé Clavero SPAIN
Megan Davis AUSTRALIA
Eva Biaudet FINLAND
From Indigenous Organizations
Africa
Christopher Siara Laisser, nominated by: Integrated Program for Agro-Pastorlists Development
Margaret Lokawua, nominated by: Riamiriam Oroto – Nakapiripirit Civil Society Network
Gervais Nzoa, nominated by: Communaute Baka de Koum & 9 other organizations
Paul Kanyinke Sena, nominated by: Yiaky Peoples Association
Arctic
Asia
Latin America and the Caribbean
Lazaro Pary Anagua, nominated by: Movimiento Indígena “Tupaj Amarau”
Fortunato Turpo Choquehuanca, nominated by: Coordinadora de Centrales Sindicales Andinas
North America
Russian Federation, Central Asia and Transcaucasia
Anna Naikanchina, nominated by: RAIPON
Imir Tokhtabiev, nominated by: International Fund for the Development of Indigenous and ethnic minorities
Pacific
Fui Elisara , nominated by: Indigenous World Association, Dewan Adat Papua,
Bangsa Adat Alifuru, Ole Siosiomaga Sociaty Incorporated
Antti Korkeakivi
Chief, Indigenous Peoples and Minorities Section
Rule of Law, Equality and Non-Discrimination Branch
Office of the UN High Commissioner for Human Rights
48, Avenue Giuseppe-Motta, Office 2-07
CH-1211 Geneva 10
Switzerland
e-mail: akorkeakivi@ohchr.org
tel.: +41 22 928 9539
fax: +41 22 928 9066
The current membership of the Permanent Forum is due to expire at the end of 2010. Nominations are now requested for the three-year period from January 2011 until December 2013. Current members who have served the maximum of two terms (6 years) as Permanent Forums members cannot be nominated for a further term.
It has been the understanding of the indigenous caucus that the eight (8) indigenous nominated members should be from the seven socio-cultural regions determined to give broad representation to the world’s indigenous peoples. The regions are: Africa; Asia; Central and South America and the Caribbean; the Arctic; Eastern Europe, Russian Federation, Central Asia and Transcaucasia; North America; and the Pacific.
It was also the understanding that the 8th member would be nominated from one of the three largest indigenous populated regions (Latin America, Asia and Africa) which would be rotated every three years. Latin America will have an extra member for the next term (2011 – 2013).
It is encouraged that consultations amongst indigenous organizations commence as soon as possible to ensure that the President of the Economic and Social Council has suitable candidates for consideration and appointment.
In considering possible candidates account shoud be taken of the principles of geographic distribution, and gender balance. Furthermore and in order for nominations to be complete, it is important to provide recent curriculum vitae of the nominees for consideration by the President of the Economic and Social Council. Information about the nominating organization(s) should also be submitted.
All correspondence should be sent to the Secretariat of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, Department of Economic and Social Affairs (DESA), Room DC2-1454, New York, NY 10017, United States of America OR email to: indigenous_un@un.org
The deadline for submission of nominations is 1 February 2010
Letter from the Director of the Division for Social Policy and Development to Indigenous Organizations, calling for nominations of Permanent Forum Members
[ES] [EN] [FR] [RU]
Nominations
As of 18 January 2010, the Secretariat has received the following nominations.
From Member States
African States
Valentin Mavoungou CONGO BRAZZAVILLE
Asian States
Paimaneh Hasteh IRAN
Eastern European States
Andrei Nikiforov RUSSIAN FEDERATION
Latin American and Caribbean States
Mirian Masaquiza ECUADOR
Adolfo Chávez Bayuma BOLIVIA
Gabriel Muyuy Jacanamejoy COLOMBIA
Álvaro Esteban Pop GUATEMALA
Western European and other States
Bartolomé Clavero SPAIN
Megan Davis AUSTRALIA
Eva Biaudet FINLAND
From Indigenous Organizations
Africa
Christopher Siara Laisser, nominated by: Integrated Program for Agro-Pastorlists Development
Margaret Lokawua, nominated by: Riamiriam Oroto – Nakapiripirit Civil Society Network
Gervais Nzoa, nominated by: Communaute Baka de Koum & 9 other organizations
Paul Kanyinke Sena, nominated by: Yiaky Peoples Association
Arctic
Asia
Latin America and the Caribbean
Lazaro Pary Anagua, nominated by: Movimiento Indígena “Tupaj Amarau”
Fortunato Turpo Choquehuanca, nominated by: Coordinadora de Centrales Sindicales Andinas
North America
Russian Federation, Central Asia and Transcaucasia
Anna Naikanchina, nominated by: RAIPON
Imir Tokhtabiev, nominated by: International Fund for the Development of Indigenous and ethnic minorities
Pacific
Fui Elisara , nominated by: Indigenous World Association, Dewan Adat Papua,
Bangsa Adat Alifuru, Ole Siosiomaga Sociaty Incorporated
Antti Korkeakivi
Chief, Indigenous Peoples and Minorities Section
Rule of Law, Equality and Non-Discrimination Branch
Office of the UN High Commissioner for Human Rights
48, Avenue Giuseppe-Motta, Office 2-07
CH-1211 Geneva 10
Switzerland
e-mail: akorkeakivi@ohchr.org
tel.: +41 22 928 9539
fax: +41 22 928 9066
Corte de Apelaciones de Temuco acoge recurso de protección a favor de comunidades mapuche, aplicando el Convenio 169 de la OIT
Acoge Recurso de Protección presentado por Comunidad Palguín Bajo y Comunidad Antonio Huenuñanco, en contra de Comisión Regional de Medio Ambiente, por Resolución Exenta 242 que calificó favorablemente el proyecto “Piscicultura Palguín
Sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, del 21 de enero de 2010.
La Corte establece que:
-"Existe un imperativo para los Gobiernos de consultar a los interesados mediante procedimientos adecuados cada vez que se prevean – en este caso – medidas administrativas susceptibles de afectarles directamente."
La Corte de Apelaciones de Temuco, señala que citar el Decreto 124 emitido por el Ministerio Secreatria General de la Presidencia como fundamento para incumplir el Convenio 169 no tiene asidero alguno. "En virtud de lo dispuesto en artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados una parte no puede invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. "
"La autoridad no se ha ceñido a la legislación vigente que son las normas autoejecutables del Convenio – indicado – en cuanto debió llamar a la consulta respectiva en los términos que señala el Convenio y no a simples actos denominados de sociabilización
Texto completo de la sentencia aqui
http://www.politicaspublicas.net/panel/jp/456-sentencia-palguin.html
www.politicaspublicas.net
http://twitter.com/ceppdi
Sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, del 21 de enero de 2010.
La Corte establece que:
-"Existe un imperativo para los Gobiernos de consultar a los interesados mediante procedimientos adecuados cada vez que se prevean – en este caso – medidas administrativas susceptibles de afectarles directamente."
La Corte de Apelaciones de Temuco, señala que citar el Decreto 124 emitido por el Ministerio Secreatria General de la Presidencia como fundamento para incumplir el Convenio 169 no tiene asidero alguno. "En virtud de lo dispuesto en artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados una parte no puede invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. "
"La autoridad no se ha ceñido a la legislación vigente que son las normas autoejecutables del Convenio – indicado – en cuanto debió llamar a la consulta respectiva en los términos que señala el Convenio y no a simples actos denominados de sociabilización
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