martes, 26 de enero de 2010

Triquis, bajo amenaza de desalojo

Sesenta familias triquis asentadas en el Estado de México son amenazadas por inmobiliarias que les disputan sus tierras, a las que llegaron en busca de refugio hace más de una década. Las constructoras utilizan maquinarias y grupos de choque para limpiar terrenos que no son suyos




Le dieron cinco minutos para recoger todas sus pertenencias y salir de su casa. Apenas pudo sacar a sus cuatro hijos y ponerlos en resguardo. Dentro de la cabaña de madera con piso de tierra que habitaban Felícitas Santiago y su familia se quedó todo: dos camas, una parrilla, una pequeña mesa de madera, mochilas, ropa de vestir y los uniformes escolares de sus hijos.


El 26 de noviembre de 2008, un grupo de hombres vestidos de civil llegó con máquinas demoledoras para destruir las chozas de 60 familias triquis, asentadas desde hace 12 años en una parte del predio Paraje de Lago de Guadalupe –ubicado en el municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México–. Los sujetos amedrentaron a mujeres y niños. Era el medio día de un miércoles, y la mayoría de los hombres había salido a su jornada de trabajo.


Codiciado por un grupo inmobiliario que pretende ampliar la construcción de casas de interés social, el terreno había sido el refugio de los emigrantes de la comunidad triqui alta–municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca–, que llegaron a la región mexiquense con la esperanza de superar las paupérrimas condiciones de vida que padecían, y aún padecen.


Después del desalojo, las familias se dispersaron. Algunas tuvieron oportunidad de rentar un cuarto, otras se quedaron en las calles resistiendo el frío invernal de aquel año. Todo dependía de sus ingresos. Dos meses después pudieron reubicarse en otro extremo del paraje, donde no pagan renta y tienen la promesa de obtener algunas hectáreas de tierra, una vez concluido el proceso judicial entre los dueños del predio y la constructora Casas Beta del Centro (ahora propiedad de la Desarrolladora de Vivienda Homex).


A cambio, los triquis permanecen vigilantes de que no se intente otro despojo de tierras o que organizaciones como la de Antorcha Campesina –de filiación priista– invadan el predio, como se ha venido amenazando en los últimos días.


El estudio Triquis, pueblos indígenas del México contemporáneo, editado por la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), indica: “Pese a que es un grupo étnico pequeño, pues apenas supera los 25 mil habitantes, la problemática sociopolítica por la que ha atravesado a lo largo de su historia lo ha colocado en la atención de la opinión pública nacional e internacional desde hace varias décadas”.


El documento añade que “los conflictos sociales y políticos, la violencia y la persistente lucha por la defensa de su territorio son los aspectos más sobresalientes que dieron visibilidad a la presencia triqui en el marco de la diversidad cultural del país”.


La pobreza a cuestas


Mientras recuerda el momento en que perdió todo lo que había podido adquirir en más de 10 años, Felícitas extiende su mano y da un taco de arroz a su pequeña de cinco años. La mujer no tiene más que ofrecer a su familia. “Mañana, dios dirá”, dice. Su esposo Pablo Antonio Merino se quedó sin el trabajo que tenía como auxiliar de albañil apenas el viernes pasado, y su hija mayor fue despedida hace unos meses de la guardería donde se empleaba.


Felícitas es una de los 1 mil 722 indígenas triquis que emigraron a la región mexiquense, indican las cifras del más reciente Censo Nacional de Población, elaborado en 2000 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.


Nació en el pueblo de San Andrés Chicahuaxtla. Ahí dejó su casa y su parcela, de la que ya no podía echar mano porque carecía de recursos para la compra de fertilizante y semilla. También dejó a sus padres y hermanos, a quienes llega a ver una vez al año. “Allá casi no hay trabajo y uno quiere superarse, por eso salimos del pueblo, pero ahora vemos que estamos igual”, dice.


Cuando llegaron al Estado de México, su esposo Pablo Antonio Merino y otras 10 personas firmaron un contrato de comodato (del que Contralínea posee copia) con los dueños del lugar. En el documento, sellado por el juez décimo primero de distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, se especifica que los integrantes de la comunidad “reciben gratuitamente el uso del terreno rústico, obligándose a usarlo única y exclusivamente para cultivo, crianza de animales y vivienda, sin que puedan darlo en arrendamiento, prenda o conceder el uso de terceros”.


Así habían vivido por más de una década, pero la urbanización los alcanzó. A inicios de 2000, los triquis se vieron rodeados por fraccionamientos que contaban con agua potable, pavimentación, luz eléctrica, pensaron que algún beneficio llegaría para ellos, pero ocurrió todo lo contrario: el progreso de aquellas colonias se convirtió en una amenaza.


El estudio de la CDI indica que “las necesidades económicas, la violencia social y los conflictos políticos, sobre todo en la parte baja (de la zona triqui), han motivado la residencia temporal o permanente de los triquis en la capital del estado y en otras entidades de la república mexicana”.


De de todo Oaxaca –dice el estudio elaborado por Pedro Lewin Fischer, profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y Fausto Sandoval Cruz, profesor de educación indígena, originario de San Andrés Chicahuaxtla, municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca–, los triquis “son el tercer grupo porcentual con presencia en diversos estados del país, especialmente en la zona norte (Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur), en el Estado de México y el Distrito Federal”.


El destino migratorio y la actividad laboral de los triquis varía de acuerdo con su origen en Oaxaca: los emigrantes de Copala se desempeñan en el norte del país en actividades agrícolas, mientras que los de Chicahuaxtla radican en el Distrito Federal y en el Estado de México como miembros del Ejército o en la policía bancaria, explica el estudio.


La brecha económica


Contrario al modelo de vivienda que tienen a sólo unos metros de distancia –estructuras de dos niveles en pleno funcionamiento, construidas de concreto, con pisos aplanados, herrería en ventanas y puertas, muebles de baño y una fachada arquitectónica que simula confort y modernidad–, los triquis carecen de todo servicio.


Cada tercer día, una pipa de agua atraviesa las mallas de protección que bordea el predio. Dota por 13 o 15 pesos, depende de la compañía que les surta, cada uno de los tambos viejos y oxidados que se enfilan a las afueras de sus casas. Los recipientes permanecen cercanos a las letrinas, expuestos al sol, tierra e insectos. De esa misma agua, beben, lavan trastes, se bañan.


También carecen de luz eléctrica y de drenaje. A veces, recurren a los llamados “diablitos” para poder “colgarse” de los postes de electricidad, que abastecen de energía a los fraccionamientos vecinos. Pero cuando los servidores de la Compañía de Luz se dan cuenta, arrancan y destrozan los metros de cable que llevan luz al predio.


La falta drenaje y el espacio terroso en el que viven han provocado enfermedades epidérmicas y estomacales. Los niños son los más vulnerables: “Les salen granitos por todo el cuerpo. Los llevamos al centro de salud y les mandan pomaditas que nada más se los quita un rato. Pero si se las dejamos de poner, les vuelven a salir”, dice una de las mujeres triquis que, ataviada con su huipil de colores, carga a su pequeño hijo.


Mientras, otros niños corren entre los matorrales, comen las plantas y flores que encuentran a su paso, ríen, se divierten entre la maleza. María, una pequeña de unos cuatro años de edad, arranca una flor de pétalos rosas y tallo delgado. Alza la mirada y pregunta a su madre si la puede comer. La mujer susurra en su lengua y de inmediato la niña se sacude de la mano la planta que a la vista se figura inocente.


Parece que es venenosa, dice Daniel Hernández, uno de los triquis que se alistó en el Ejército hace 24 años y que ahora vive en el lugar. También hay que estar al pendiente de otros animales ponzoñosos como los alacranes, arañas y víboras que hay en el predio, advierte. El hombre entró como soldado con la idea de que en la milicia tendría oportunidad de seguir con sus estudios en preparatoria, mismos que no tuvo oportunidad de concluir.


En alimentación, la dieta de los triquis no ha cambiado del todo con la migración: el frijol, la tortilla y los quelites son su principal alimento, como lo era en su pueblo. Huevo, leche y carne apenas una o dos veces por semana. Carecen de todo apoyo gubernamental, pese a que han acudido a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas.


Del campo a la milicia


Margarito González llegó hace 25 años al municipio de Naucalpan. Como Daniel, formó parte de las filas castrenses de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Tenía 17 años, y a esa edad, su doctrina fue “amar a la patria, defenderla ante todo y todos, eso significaba pertenecer al Ejército, ser un buen soldado”. Eso le decían en el Campo Militar Número 1 donde vivía y lo entrenaban.


A su ingreso le ofrecieron salario, comida y techo. Así se mantuvo por seis años, hasta que ya no pudo resistir y dejó el servicio militar: ya no veía a su familia, no sabía de ella, los trabajos eran arduos y sin descanso, el pago no alcanzaba para vivir mejor, y “a veces me encuartelaban por ocho, 15 días y hasta un mes; yo era joven y quería mi libertad; por eso deserté”.


Margarito fue militar como su padre. Siguió la tradición porque no había mayores opciones, el campo ya estaba en el abandono. Además, “también me metí porque nada más terminé la secundaria y no había dinero para seguir estudiando. Lo mismo hacen varios de mi comunidad, vemos al Ejército como una oportunidad de empleo”.


Ahora tiene 42 años, vive con su esposa –que durante la mañana ofrece sus servicios como trabajadora doméstica en las colonias aledañas– y sus cinco hijos. La familia ocupa unos tres metros cuadrados del Paraje del Lago de Guadalupe. Después de desertar de las tropas de la Sedena, ingresó como policía a una empresa privada de seguridad que le ofrece un salario de 5 mil pesos mensuales sin prestaciones sociales, excepto el seguro médico que pagan de forma particular.


Margarito lleva 15 años prestando sus servicios a la compañía y sabe que nunca obtendrá un crédito hipotecario para hacerse de una vivienda como las que tiene frente a su choza de madera. No cuenta con la prestación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por eso se empeña en defender el predio, quizá algún día tenga un terreno y un techo seguro que ofrecer a sus hijos.


Una triqui mexiquense


Adriana Betancio tiene cuatro años viviendo en el terruño y enfrenta los mismos problemas de desalojo que los triquis. También cuida del predio en busca de obtener una porción para poder edificar su hogar.


Tiene 37 años y un mal que la acaba poco a poco. Padece lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmunitaria, es decir que no protege a su cuerpo de sustancias dañinas. En las mismas condiciones de pobreza que sus compañeros triquis, vive con su esposo de 53 años de edad y sus hijos de 18 y 11 años.


Su marido es barrendero y todos los días sale a las cuatro de la madrugada a limpiar las calles del municipio. Sus ingresos apenas les alcanzan para susbsistir y a veces para comprar los medicamentos y pagar la consulta de Adriana en el Hospital General de México.


“Vivimos de la pura barrida. Mi esposo gana entre 80 y 150 pesos diarios, pero no nos alcanza”. Por eso, Adriana aprendió de los triquis a sembrar la tierra. Ahora obtiene de ella frijol, maíz, espinaca, calabacita. En el Paraje del Lago de Guadalupe se hizo campesina. “Mientras, mi esposo se metió a estudiar, a una escuela de oficios, plomería, a ver si así podemos ganar otro poquito. Hay que pagar entre 500 y 800 pesos en medicamentos cada que voy al doctor, y no nos alcanza”, relata.


La mujer dejó de trabajar como “checadora” de las salidas de los microbuses en el paradero del metro Toreo a causa de su enfermedad. Apenas el año pasado tuvo una crisis y quedó paralizada por más de un mes, sus extremidades se inflamaron tanto que no podía moverse, tampoco podía hablar, sus riñones no funcionaban. Sus vecinos fueron quienes se hicieron cargo de ella la mayor parte del tiempo, mientras su marido salía a trabajar y sus hijos a la escuela. Eso los hace compañeros de lucha.


Los juicios


Pedro Suárez Treviño, integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas (CAZ), asegura que las escrituras correspondientes al Paraje de Lago de Guadalupe acreditan la posesión de tierras de Arcadio Martínez Olivera, Adrián Ortiz Barrios, Raúl de los Santos Cruz, Fernando López Hernández, Raymundo Hernández Jiménez, Efraín Vallejo Reyez y Felipe Miranda Medrano.


Suárez Treviño explica que Arcadio, originario de Oaxaca, fue quien ofreció a los triquis un espacio para vivir y cosechar. Pese a ello, desde 2004 se han llevado a cabo los desalojos, indica. Ante esta situación ya hay una demanda en contra de Casas Beta, Desarrolladora Homex y María Ángela Mequel, quienes presuntamente los despojaron de 138 hectáreas aproximadamente.


Derivado de eso se iniciaron dos juicios civiles en el Juzgado Décimo Tercero en el distrito de Tlalnepantla, con los expedientes 173/006 y el 600/2004, en los que se exige la posesión. Ambos continúan en proceso.


El abogado del CAZ dice que una vez concluido el juicio, los dueños del predio están comprometidos con los triquis a entregar ocho hectáreas del terreno, en las que los miembros de la comunidad emigrante podrían edificar sus casas y, ahora sí, tener un espacio en donde vivir sin temor a ser desalojados nuevamente.


Lo que están viviendo los indígenas en este movimiento “es reflejo de la falta de empleo, oportunidades, escuelas y salud en sus comunidades de origen. Se ven obligados a salir, pero llegan aquí y son maltratados por las propias autoridades que no respetan su contrato de comodato con los dueños del predio.


Se solicitó entrevista con Javier Romero Castañeda, director jurídico del corporativo de la Desarrolladora Homex, sin que al cierre de la edición se haya obtenido respuesta.

Permanent Forum: call for candidates/Forum Permanent‏

Call for nominations for Members of the Permanent Forum 2011-2013
The current membership of the Permanent Forum is due to expire at the end of 2010. Nominations are now requested for the three-year period from January 2011 until December 2013. Current members who have served the maximum of two terms (6 years) as Permanent Forums members cannot be nominated for a further term.
It has been the understanding of the indigenous caucus that the eight (8) indigenous nominated members should be from the seven socio-cultural regions determined to give broad representation to the world’s indigenous peoples. The regions are: Africa; Asia; Central and South America and the Caribbean; the Arctic; Eastern Europe, Russian Federation, Central Asia and Transcaucasia; North America; and the Pacific.
It was also the understanding that the 8th member would be nominated from one of the three largest indigenous populated regions (Latin America, Asia and Africa) which would be rotated every three years. Latin America will have an extra member for the next term (2011 – 2013).
It is encouraged that consultations amongst indigenous organizations commence as soon as possible to ensure that the President of the Economic and Social Council has suitable candidates for consideration and appointment.

In considering possible candidates account shoud be taken of the principles of geographic distribution, and gender balance. Furthermore and in order for nominations to be complete, it is important to provide recent curriculum vitae of the nominees for consideration by the President of the Economic and Social Council. Information about the nominating organization(s) should also be submitted.
All correspondence should be sent to the Secretariat of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, Department of Economic and Social Affairs (DESA), Room DC2-1454, New York, NY 10017, United States of America OR email to: indigenous_un@un.org

The deadline for submission of nominations is 1 February 2010

Letter from the Director of the Division for Social Policy and Development to Indigenous Organizations, calling for nominations of Permanent Forum Members
[ES] [EN] [FR] [RU]

Nominations
As of 18 January 2010, the Secretariat has received the following nominations.
From Member States
African States
Valentin Mavoungou CONGO BRAZZAVILLE
Asian States
Paimaneh Hasteh IRAN
Eastern European States
Andrei Nikiforov RUSSIAN FEDERATION
Latin American and Caribbean States
Mirian Masaquiza ECUADOR
Adolfo Chávez Bayuma BOLIVIA
Gabriel Muyuy Jacanamejoy COLOMBIA
Álvaro Esteban Pop GUATEMALA
Western European and other States
Bartolomé Clavero SPAIN
Megan Davis AUSTRALIA
Eva Biaudet FINLAND

From Indigenous Organizations
Africa
Christopher Siara Laisser, nominated by: Integrated Program for Agro-Pastorlists Development
Margaret Lokawua, nominated by: Riamiriam Oroto – Nakapiripirit Civil Society Network
Gervais Nzoa, nominated by: Communaute Baka de Koum & 9 other organizations
Paul Kanyinke Sena, nominated by: Yiaky Peoples Association
Arctic

Asia

Latin America and the Caribbean
Lazaro Pary Anagua, nominated by: Movimiento Indígena “Tupaj Amarau”
Fortunato Turpo Choquehuanca, nominated by: Coordinadora de Centrales Sindicales Andinas
North America

Russian Federation, Central Asia and Transcaucasia
Anna Naikanchina, nominated by: RAIPON
Imir Tokhtabiev, nominated by: International Fund for the Development of Indigenous and ethnic minorities

Pacific
Fui Elisara , nominated by: Indigenous World Association, Dewan Adat Papua,
Bangsa Adat Alifuru, Ole Siosiomaga Sociaty Incorporated








Antti Korkeakivi
Chief, Indigenous Peoples and Minorities Section
Rule of Law, Equality and Non-Discrimination Branch
Office of the UN High Commissioner for Human Rights
48, Avenue Giuseppe-Motta, Office 2-07
CH-1211 Geneva 10
Switzerland
e-mail: akorkeakivi@ohchr.org
tel.: +41 22 928 9539
fax: +41 22 928 9066

Corte de Apelaciones de Temuco acoge recurso de protección a favor de comunidades mapuche, aplicando el Convenio 169 de la OIT

Acoge Recurso de Protección presentado por Comunidad Palguín Bajo y Comunidad Antonio Huenuñanco, en contra de Comisión Regional de Medio Ambiente, por Resolución Exenta 242 que calificó favorablemente el proyecto “Piscicultura Palguín

Sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, del 21 de enero de 2010.
La Corte establece que:


-"Existe un imperativo para los Gobiernos de consultar a los interesados mediante procedimientos adecuados cada vez que se prevean – en este caso – medidas administrativas susceptibles de afectarles directamente."

La Corte de Apelaciones de Temuco, señala que citar el Decreto 124 emitido por el Ministerio Secreatria General de la Presidencia como fundamento para incumplir el Convenio 169 no tiene asidero alguno. "En virtud de lo dispuesto en artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados una parte no puede invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. "

"La autoridad no se ha ceñido a la legislación vigente que son las normas autoejecutables del Convenio – indicado – en cuanto debió llamar a la consulta respectiva en los términos que señala el Convenio y no a simples actos denominados de sociabilización



Texto completo de la sentencia aqui

http://www.politicaspublicas.net/panel/jp/456-sentencia-palguin.html



www.politicaspublicas.net


http://twitter.com/ceppdi

sábado, 12 de diciembre de 2009

Violaciones derechos humanos a manos del ejército

Cada vez son más los informes de graves violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, homicidios ilegítimos y extrajudiciales, tortura, otros malos tratos y detención arbitraria, perpetradas por miembros del ejército mexicano. Los casos que se documentan en este informe muestran que con frecuencia ni las autoridades civiles ni las militares investigan estos informes de forma inmediata, imparcial y eficaz para garantizar que los responsables de las violaciones son puestos a disposición judicial según establecen las leyes nacionales y el derecho internacional de los derechos humanos.


Mártes 8 de diciembre de 2009, 11 hrs.
Museo José Luis Cuevas
Calle Academia Número 13, Centro Histórico, Ciudad de México




Informes: Arturo Ávila Salazar al Teléfono: +52 (55) 5687.6010 ext. 106 y al Celular 044 55 5180.9918Correo: comunica@amnistia.org.mx [5]Web: http://www.amnistia.org.mx [6] El formato de pre-registro esta ya disponible en la siguiente dirección: http://amnistia.org.mx/abusosmilitares [7] Convoca: Amnistía Internacional México

lunes, 30 de noviembre de 2009

Día internacional para la eliminación de la violencia hacia la mujer

25 de noviembre, Día internacional para la eliminación de la violencia hacia la mujer



San José, Costa Rica. 25 de noviembre de 2009. Transcurridos cuarenta y nueve años después del asesinato de Patria, Minerva y Maria Teresa Mirabal cometido por la policía política del régimen de Rafael Trujillo en República Dominicana, hecho que se conmemora cada 25 de noviembre a nivel internacional, la violencia contra las mujeres es hoy un fenómeno generalizado y aberrante en las sociedades contemporáneas y en las Américas.



Cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, aludimos a la violencia sistemática que configura un fenómeno común en países de muy diversa condición cultural, social, política y diversos niveles de desarrollo. Cualquier sistema político, social, económico y cultural basado en relaciones estructurales de poder, dominación y privilegio establecidas entre hombres y mujeres sigue hoy expresándose en las condiciones de opresión, subordinación, exclusión, pobreza, explotación, tortura y violencia que sufren millones de mujeres en el mundo.



La Convención de Belém do Pará

Luego de su ratificación por parte de la mayoría de Estados de América Latina y El Caribe durante la década de los noventa, la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará, sigue siendo un referente fundamental para visibilizar y combatir la violencia hacia las mujeres. El caso de los femicidios de Ciudad Juárez ante el sistema interamericano ha concitado precisamente la atención sobre este grave fenómeno criminal, poniendo en consideración la debida protección que deben otorgar los Estados, la necesidad de implementar medidas específicas de prevención ante patrones de violencia de género, y la debida diligencia en los sistemas de justicia para que estos crímenes sean juzgados y castigados.



Al margen de las diferencias significativas en cada uno de los países de la región, hay un relativo consenso sobre la existencia de un marco formal e institucional y de un cierto avance en visibilización, sanción y atención de la violencia contra las mujeres. No obstante, subsisten retos importantes que deben ocupar la atención de autoridades oficiales, sectores académicos, organismos internacionales y organizaciones sociales preocupadas por lograr avances más contundentes en esta materia. Tales retos implican disminuir la profunda brecha existente entre lo formal y lo real.



Las obligaciones del Estado

Es importante recuperar el espíritu de la Convención de Belém do Pará, que implica obligaciones estatales de prevención y sanción de la violencia desde una perspectiva integral. Tal perspectiva incluye la violencia en el ámbito doméstico pero va más allá y señala la relevancia de fenómenos generalizados en la región como la prostitución forzada, el acoso sexual y el femicidio.



También sigue siendo necesario generar sistemas de información y estrategias de divulgación, formación y sensibilización dirigidas a los funcionarios y demás actores políticos institucionales que están llamados a legislar e implementar medidas de sanción frente a casos de violencia hacia las mujeres. De esta manera podrá avanzarse en transformar una cultura jurídica institucional que ve en la violencia hacia las mujeres un hecho penal e individual.



Otro reto fundamental está en garantizar a las mujeres una justicia pronta y efectiva. Siguiendo el informe Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2007, “la mayoría de los actos de violencia contra las mujeres quedan en la impunidad, perpetuando la aceptación social de este fenómeno”[1]. El ejercicio de las mujeres de su derecho a una vida libre de violencia, es connatural a su derecho a la justicia y la reparación, de manera que los límites relativos al acceso a la justicia deben ser considerados como una violación a estos derechos y deben implicar esfuerzos mayores a los que se han venido implementando en el hemisferio americano.



Finalmente, es fundamental que el propósito que articule todos estos esfuerzos sea el de erradicar y no sólo disminuir la violencia hacia las mujeres. Esta ideología implica una verdadera conciencia de las manifestaciones de violencia, no como violaciones accesorias o menores a los derechos humanos sino como poderosos obstáculos para el desarrollo, la justicia, la democracia y la igualdad en nuestros países.



Lea más en internet:

Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer aquí

Informe Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas aquí

Visite la página DerechosMujer del IIDH aquí



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[1] CIDH Acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas. OEA SER.L/V/II Doc. 68, 20 de enero de 2007, p. 122

LA SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

LA SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN CHILE:
SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES HECHAS
POR EL RELATOR ESPECIAL ANTERIOR**

Resumen
El presente informe presenta las observaciones del Relator Especial sobre su visita de trabajo a Chile del 5 y 9 de abril de 2009 y el intercambio de información con el Gobierno de Chile y otras partes interesadas, con relación a la situación de los pueblos indígenas del país.

Esta visita e intercambio de información se han dado a la luz del informe y recomendaciones hechos por el anterior Relator Especial después de su misión a Chile en el año 2003.

El Relator Especial toma nota de los avances realizados por el Estado de Chile hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Chile, tal como la ratificación del Convenio Nº 169 y las iniciativas de reforma constitucional en materia indígena. Se constata un nivel importante de atención de parte del Estado de Chile a los asuntos indígenas, expresado en el desarrollo de planes y propuestas orientadas a responder a las recomendaciones del Relator Especial anterior, Rodolfo Stavenhagen, especialmente en materia de políticas asistenciales.

Sin embargo, todavía existen grandes desafíos que debe enfrentar el Estado para cumplir con sus deberes de protección y promoción efectiva de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, en particular en materia de consulta y concertación, derechos a tierras y territorios, explotación de recursos naturales, y políticas acerca de conflictos vinculados a reivindicaciones de tierras mapuche.

El Relator Especial presenta las siguientes observaciones y recomendaciones con el fin de que contribuyan a abordar los desafíos y avanzar sustantivamente en el reconocimiento y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas del país, de acuerdo con las obligaciones y compromisos del Estado en esta materia.

CEPAL

CEPAL LLAMA A NO DEBILITAR NEGOCIACIONES
EN CUMBRE SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, advirtió que un aumento de la temperatura planetaria superior a los dos grados alteraría los equilibrios naturales y la vida humana.



(20 de noviembre, 2009) El impacto del cambio climático en América Latina y el Caribe será considerable, por lo que la región debe contribuir con las negociaciones en la cumbre de Naciones Unidas a realizarse en Copenhague, señaló la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.

Bárcena participó esta mañana en el lanzamiento del estudio “La economía del cambio climático en Chile” en el Centro Cultural de la Plaza de la Ciudadanía, junto al Palacio de la Moneda, en Santiago.

Al evento asistieron la Ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, el Ministro de Energía, Marcelo Tokman, el representante del Grupo de líderes empresariales por el cambio climático, Bernardo Larraín y el coordinador del estudio, Sebastián Vicuña.

“Sabemos que un incremento de la temperatura superior a 2 grados centígrados puede alterar los equilibrios naturales y la vida humana. Por eso es urgente actuar ahora”, dijo Bárcena.

En diciembre, líderes del mundo se reunirán en la capital de Dinamarca en la decimoquinta Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 15). Buscan un acuerdo global de reducción de emisiones, que sustituya al Protocolo de Kyoto, firmado en 1997.

“El tiempo es estrecho y la demora en alcanzar un acuerdo global es riesgosa. Debilitar la negociación de Copenhague, no lograr una clara ruta de acción y no asegurar un resultado vinculante en México en 2010 son riesgos enormes que no debemos correr. Y como lo señala el caso de Chile, los impactos serán considerables”, agregó Bárcena.

La región contribuye apenas con un 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial, pero tiene grandes oportunidades para contribuir a resolver el problema con costos relativamente bajos, agregó.

La eficiencia energética, el uso de energías renovables, nuevas formas productivas bajas en carbono y la racionalización del transporte son algunas acciones que habría que comenzar hoy y que tienen importantes beneficios globales y locales, añadió Bárcena.

El estudio “La economía del cambio climático” fue solicitado por el Gobierno de Chile y preparado por un grupo de expertos de las universidades Católica, de Chile y de Valparaíso, bajo la coordinación técnica de la CEPAL.

El documento analiza los principales efectos que tendrá el cambio climático en la economía chilena, especialmente en la agricultura, minería, energía, pesca y sector forestal.

Según el estudio, las proyecciones para Chile indican una tendencia de aumento sostenido en la emisión de gases de efecto invernadero: para 2030, el nivel de emisiones sería 2,5 veces superior al actual.


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Para consultas de prensa dirigirse a los Servicios de Información de la CEPAL.
Correo: dpisantiago@cepal.org ; fonos: (56 2) 210 2380/2149.